La reapertura del juicio de apelación por los fondos de la Santa Sede deriva en una ofensiva de las defensas contra los rescriptos de Jorge Mario Bergoglio, tachados de “ilegales” y “lesivos del justo proceso”
Tras 120 días de parón, el proceso de apelación por la gestión de los fondos de la Santa Sede ha vuelto a escena este 3 de febrero en el Tribunal vaticano. Y lo ha hecho con una estrategia claramente definida por parte de las defensas: poner en cuestión la legitimidad de la condena señalando directamente a los rescriptos firmados por el papa Francisco que ampliaron las competencias del promotor de Justicia durante la investigación.
Tal como recoge Vatican News, durante más de cuatro horas de audiencia, los siete abogados defensores han centrado sus intervenciones en denunciar la “ineficacia” —cuando no la nulidad— de esos decretos pontificios, presentándolos como el origen de una supuesta vulneración del “justo proceso” en el que fueron condenados, entre otros, el cardenal Giovanni Angelo Becciu y varios antiguos responsables de la Secretaría de Estado.
Algunos letrados han llegado a hablar de una “grave lesión del derecho de defensa”, mientras otros han comparado el procedimiento con “los tiempos de la Inquisición”, subrayando que “ni siquiera entonces” —según afirmaron— las decisiones papales habrían condicionado de forma tan directa un proceso judicial.
La intervención más dura fue la del abogado Mario Zanchetti, defensor del broker Gianluigi Torzi, quien calificó de “ilegal” el arresto de su cliente en el Vaticano en junio de 2020, al haberse basado —dijo— en “un acto desconocido para la defensa”, el rescriptum del 2 de julio de 2019. Un texto que, en palabras del letrado, “convierte en fascista el Código de Procedimiento Penal vaticano”.
Zanchetti sostuvo que, cuando el Papa autorizó al promotor de Justicia a actuar, “los delitos ni siquiera estaban formulados” y que al Pontífice se le habría ofrecido información incompleta. Según su reconstrucción, el encuentro del 2 de julio de 2019 entre Francisco y la Fiscalía vaticana giraba en torno a los vínculos entre el IOR y la Secretaría de Estado, no a la detención de personas concretas.
De ahí su argumento central: los rescriptos no pueden servir de base a un proceso penal si no se sabe si son actos administrativos o normas jurídicas. “Los derechos solo pueden limitarse por ley”, afirmó, insistiendo en que, si eran leyes, debían haberse publicado. Y si eran simples actos administrativos, pidió a la Corte que declare su “ineficacia” y, con ello, la nulidad del proceso de primera instancia.
La tesis fue compartida por el resto de defensas. El abogado Luigi Panella, que representa a Enrico Crasso, denunció la existencia de una “carta blanca surrealista” concedida al promotor de Justicia. “Nunca en la historia milenaria de la Iglesia se habían emitido rescriptos secretos, conocidos solo por quien los solicitó y únicamente de forma oral”, afirmó.
Panella insistió en que el Papa “nunca tuvo intención de promulgar una norma sin publicarla” y sostuvo que esa falta de publicación invalida cualquier efecto jurídico. Para él, se trata de un elemento que afecta directamente a la imparcialidad del proceso.
A esta crítica se sumó otra acusación de peso: el depósito incompleto de las pruebas por parte del promotor Alessandro Diddi, que en enero se apartó formalmente de la apelación. Según los abogados, no se entregó a la defensa todo el material incautado y se aplicaron omissis a documentos clave, como el vídeo del interrogatorio de monseñor Alberto Perlasca, testigo central del caso.
En nombre del cardenal Becciu, su abogado Fabio Viglione denunció desde el primer momento una “falta de simetría” entre la acusación y las defensas. De los 239 dispositivos electrónicos incautados, aseguró, “no se ha depositado ninguna copia válida” y las extracciones de datos se realizaron de forma “selectiva”.
A ello se sumó la irrupción del llamado “caso Striano”, relativo a accesos ilegales a bases de datos institucionales en Italia. Los abogados subrayaron que esos accesos se produjeron antes incluso de que el IOR denunciara los hechos que dieron origen al proceso vaticano, lo que, a su juicio, refuerza la tesis de una investigación viciada desde el origen.
