Luciano Maza Huamán es el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Piura (Perú). El actual vicario general es el elegido por León XIV para suceder a José Antonio Eguren, el prelado vinculado al Sodalicio de Vida Cristiana que Francisco se vio obligado a jubilar en abril de 2024, nueve meses después de la visita canónica encargada a la ya extinta sociedad de vida apostólica fundada por Luis Fernando Figari.
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El recién nombrado arzobispo, de 68 años, es sacerdote desde 1987 y es Diplomado en Teología Pastoral, Psicología y Espiritualidad. Durante su ministerio sacerdotal en la diócesis, ha sido párroco, formador del seminario y canciller, entre otras responsabilidades.
Con este nombramiento, Robert Francis Prevost -gran conocedor de la Iglesia en el país por sus años como misionero y obispo de Chiclayo- pone fin a un periodo de más de año y medio de sede vacante en Piura tras el cese fulminante de Francisco a Eguren con solo 67 años, pese a que la renuncia de los mitrados se estipula en los 75 años.
El arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren
Hoy también se ha hecho público el nombramiento de Juan Carlos Asqui Pilco (1972), hasta ahora auxiliar de Tacna y Moquegua, como nuevo obispo de Chuquibamba.
Misión Scicluna-Bertomeu
La realidad es que en julio de 2023 aterrizaron en Perú el arzobispo Charles Scicluna, secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, oficial del mismo Dicasterio, para la visita canónica al Sodalicio. Ambos llegaban al país con el aval de la investigación en Chile a Fernando Karadima, que concluyó con su expulsión del sacerdocio después de confirmarse los abusos.
Durante su visita a Lima, los auditores vaticanos realizaron interrogatorios a portavoces oficiales del Sodalicio, a víctimas y algunos de los periodistas que destaparon distintos casos de abusos y de malversación de fondos –unos 1.000 millones de dólares– dentro de la entidad religiosa.
Entre los posibles delitos económicos, destacan las supuestas extorsiones que grupos de campesinos denuncian. Según su testimonio, empresas vinculadas al Sodalicio llevaban años buscando hacerse de forma ilícita con sus tierras para crear grandes latifundios.
Primeras denuncias en 2011
El Sodalicio, fundado en Perú en 1971 para formar intelectualmente a jóvenes “como soldados de élite en el ejército de Dios”, comenzó a recibir las primeras denuncias en 2011, cuando el tribunal eclesiástico de Lima analizó cuatro demandas contra el fundador.
Sin embargo, el verdadero estallido del escándalo se produjo en 2015, cuando los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, en el que se relataban los abusos cometidos por los miembros del Sodalicio.
Precisamente, al encontrarse “lagunas, contradicciones y algunos aspectos poco claros” y ante “la notable, anómala y no del todo comprensible resonancia” que el caso encontró en los medios peruanos, el 22 de abril de 2015 se ordenó una visita apostólica, encargada a Fortunato Pablo Urcey, OAR, entonces obispo de Chota y secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana.
En febrero de 2017 el Sodalicio presentó un informe sobre distintos casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la comunidad contra adultos y menores, así como por su propio fundador, quien más adelante sería sancionado por la Santa Sede y entregado a la Fiscalía peruana.
Este informe concluía que tanto el fundador como cuatro de sus principales colaboradores abusaron sexualmente de 36 miembros del grupo entre 1994 y 2002, siendo 19 de ellos menores de edad. Un año antes, el Sodalicio ya reconoció la culpabilidad de Figari (enviado a Roma anteriormente para un retiro espiritual) y lo declaró como persona ‘non grata’ para la institución.
El Sodalicio, comisariado en 2018
Así, en 2018 el Vaticano comisarió el Sodalicio. En el comunicado hecho público entonces por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica se nombraba comisario apostólico al redentorista colombiano Noel Antonio Londoño, obispo de Jericó.
Así, el cardenal Joseph Tobin mantendría respecto al Sodalicio su cargo de delegado ‘ad nutum’, encargándose, de un modo particular, de “las cuestiones de índole económica”.
“El Papa se ha mostrado especialmente atento a la notable gravedad de las informaciones acerca del régimen interno, la formación y la gestión económica-financiera, motivo por el cual ha pedido con insistencia al Dicasterio una particular atención”, añadía dicho comunicado.
“A esto –concluía el comunicado– se han sumado últimamente las graves medidas adoptadas por la autoridad judicial peruana con respecto a Figari”, en referencia a la solicitud de nueve meses de prisión preventiva que solicitó entonces para él la fiscal María Janine León Pizarro.
Se acusaba a Figari de “delitos de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y por lesiones psicológicas graves”, en su día, contra varios de los jóvenes que formaban parte del postulantado de la sociedad.
Sin embargo, sobre su conducta sexual, el Dicasterio constató que, si bien cometió “actos contrarios al sexto mandamiento”, matizó que siempre “con personas que tenían una edad mucho mayor de 16 años”, por lo que que no se puede afirmar, “con suficiente claridad y certeza moral, que dichos actos ocurrieran con violencia”.
En definitiva, se entendía que, aunque estos actos fueron “gravemente pecaminosos”, no podían ser calificados con certeza de “abusos a menores”.
El Episcopado, con el periodista que destapó el escándalo
En abril de 2019, la propia Conferencia Episcopal Peruana mostró su apoyo a Salinas, condenado a un año de prisión con libertad condicional y una multa de 24.000 dólares por “difamación” contra Eguren.
El comunicador acusaba al prelado de encubrir de manera consciente los abusos “cometidos de manera reiterada durante décadas dentro del Sodalicio”. Más tarde, el mitrado retiró la denuncia contra el periodista que más fehacientemente ha informado sobre el Sodalicio.
