Afirmaron que los indígenas sufren la discriminación cultural y la ausencia del Estado, aún teniendo derechos constitucionales
Ante los hechos de violencia que sufrió la comunidad indígena Karapá, la Pastoral Social Nacional de la Conferencia Episcopal de Paraguay y la Comisión Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI), enviaron una carta en la que reclaman una respuesta urgente por estas agresiones.
Indicaron que, en los últimos días, han sido testigos de múltiples manifestaciones de los sectores sociales que salieron a la calle para hacer oír sus reclamos. Ahora, la comunidad del departamento de Canindeyú fue violentada por civiles armados que produjeron hechos de sangre, sin desenlaces fatales.
Creen que este hecho puntual y grave requiere resguardar la seguridad e integridad de estos indígenas, porque las agresiones contra estos grupos no son hechos aislados.
En consecuencia, invitaron a reflexionar sobre las posibles causas que han llevado a las agrupaciones indígenas a hacerse visibles ante la sociedad y reclamar la atención del Estado con medidas de protesta como el cierre de rutas.
En la carta, dirigida a funcionarios, fieles y personas de buena voluntad, recordaron que la Constitución Nacional reconoce la existencia de los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, y les garantiza derechos fundamentales:
Sin embargo, aseguraron que en los hechos, estos derechos se desconocen por acción o por omisión, y han sido sistemáticamente ignorados y atropellados, lo que llevó a la pérdida de territorios, y desalojos arbitrarios y abusivos, priorizando a priorizar sectores económicos o políticos, nacionales y extranjero.
Los organismos, que velan por la pastoral indígena, afirmaron que estos grupos sufren la discriminación cultural, y la ausencia del Estado para generar y apoyar con presupuesto adecuado las políticas públicas que favorezcan su promoción humana integral: defensa efectiva de sus tierras y territorios ancestrales, salud, educación, infraestructura y todo tipo de protección para salvaguardar su dignidad y su seguridad).
Teniendo en cuenta este panorama, exigieron a las autoridades a adoptar medidas urgentes de protección a la seguridad e integridad de la comunidad indígena de Karapá, que está sufriendo el asedio y la agresión de civiles armados que destruyeron sus casas y sus cultivos.
A su vez, instaron al respeto riguroso de los derechos consagrados en la Ley 904, Estatuto de los Pueblos Indígenas, elevados a rango constitucional. Puntualizaron que se incumplen las disposiciones establecidas ante el cierre de la sede del Instituto Nacional del Indígena (INDI), la asignación de un exiguo presupuesto y la falta de una efectiva política de acompañamiento a los pueblos y comunidades indígenas en sus necesidades.
La Ley 904, prevé los recursos necesarios al buen funcionamiento del INDI. En su artículo 59 asigna estos recursos a la adquisición y la protección de las tierras de los territorios ancestrales, de manera prioritaria. “Esta protección es urgente ante los atropellos y hostigamientos que sufren comunidades amedrentadas y desalojadas con el apoyo de los propios organismos públicos que priorizan intereses particulares”, exigieron.
Agregaron que existe una violencia estructural contra de las comunidades indígenas que motiva a salir a las rutas y expresar su clamor ante toda la sociedad. “Si queremos paz, hay que erradicar la violencia que viene de la exclusión y la inequidad”.