El asesinato de Efraín Fueres, un artesano kichwa de la comunidad andina de Cuicocha-Inguitgzala, a manos de militares, ha generado repudio en la Iglesia. Todo se ha dado en medio de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
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En un vídeo difundido se ve como los uniformados arremeten contra el indígena – ya herido de bala – mientras un compañero trata de protegerlo, en la carretera E35, vía a Quito. El hombre falleció en el hospital de Cotacachi. Por ahora, la Fiscalía investiga el caso por “uso ilegítimo de la fuerza”.
El Gobierno de Rafael Noboa se defiende. A través de su ministra de Gobierno, Zaida Rovira, señalaron que lo de Cotacachi no fue una protesta, sino una emboscada “cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas”.
Por ello, Geovanni Mauricio Paz, obispo de Latacunga – ligado a la pastoral indígena – ha rechazado la violencia y la represión, porque “no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia”.
Monseñor Geovanni Mauricio Paz, obispo de Latacunga – Ecuador
Justos reclamos
Paz llamó a todos los sectores: autoridades, indígenas y ciudadanía a entablar caminos de diálogo, al tiempo que condenó cualquier expresión de violencia “venga de donde venga”, porque toda acción contra la vida es “inaceptable y contraria a los principios del Evangelio”.
Ratificó el compromiso de la Iglesia de seguir caminando “junto a su pueblo, construyendo el Reino de Dios desde y con los pobres”, porque la paz es fruto de la justicia, no de la violencia.
El obispo reconoce que el trasfondo de la protesta social tiene su raíz en la exclusión y pobreza, “los justos reclamos de los pueblos indígenas no pueden ser silenciados”, sentenció.
Violencia sistemática
La congregación de las misioneras Lauritas – fundada por Laura Montoya, primera santa colombiana – cuyo carisma es proteger a los pueblos indígenas, también plantó cara frente a lo que han calificado de un vil asesinato “a manos de fuerzas militares”.
Defienden al comunero indígena de 46 años. Expresaron su tristeza y consternación por estos actos de violencia, que “constituyen una grave violación de los derechos humanos en contra del pueblo indígena”.
Las religiosas exigen la inmediata y transparente investigación de los hechos de la muerte de Fueres, sancionar a los responsables y proteger a los indígenas, quienes históricamente son “víctimas de la violencia y la discriminación”.
“La violencia ejercida contra los pueblos indígenas es un patrón sistemático que debe ser abordado de manera urgente y efectiva”, lamentaron.
