El pasado viernes 20 de junio, el Reino Unido vio cómo se debatía en la Cámara de los Comunes el Proyecto de Ley de Adultos con Enfermedades Terminales, que busca la despenalización de la eutanasia y que debía pasar a su tercera lectura en el Parlamento. En las horas previas, el Episcopado se movilizó con una dura declaración firmada por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, y por el arzobispo John Sherrington, arzobispo de Liverpool.

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En ella, los prelados advertían que, si la ley salía adelante, las residencias de ancianos de titularidad católica verían “su futuro en duda”. Y más al tener en cuenta que “nuestro Parlamento ha rechazado las enmiendas que habrían permitido que estas instituciones no participaran en el suicidio asistido”.

Contra su misión y valores

Así, puesto que se “obligaría” a sus profesionales sanitarios a ir en contra de “la misión y los valores” de las instituciones que los emplean, podrían “no tener otra opción” que “retirarse de la prestación de dichos cuidados”. Es decir, que al no permitirles “brindar cuidados compasivos en la enfermedad o la vejez”, y “hasta el final de la vida”, sus hospicios podrían cerrar para no llevar a la práctica una acción rechazada de plano por la Iglesia.

Institutions whose mission has always been to provide compassionate care in sickness or old age until the end of life, may have no choice, in the face of these demands, but to withdraw from the provision of such care. This tragedy can only be avoided by the defeat of this Bill. pic.twitter.com/sILJgMCOfN

— Cardinal Nichols (@CardinalNichols) June 18, 2025

Una “tragedia” que “solo se puede evitar con la derrota de este proyecto de ley”. Pero no fue así y la medida salió adelante en el Parlamento británico por solo 23 votos de diferencia. Algo que, una vez confirmado, ha sido rechazado en otra declaración formal del cardenal Nichols, que ha lamentado que esta medida legal “marca un hito en la historia de nuestro país” y “transforma fundamentalmente los valores y las relaciones arraigadas de la sociedad en materia de vida y muerte”.

Responsabilidad compartida

Ahora, “la tarea está clara: se debe hacer todo lo posible para limitar el daño que causará. Esta responsabilidad recae tanto en la Cámara de los Lores como en el Gobierno de Su Majestad”. Y es que “la posibilidad de elegir morir no puede excluir la prestación de cuidados con los recursos adecuados para quienes eligen vivir hasta una muerte natural”.

Como católicos, “seguiremos contribuyendo a la construcción del bien común. La decisión del Parlamento no altera nuestra firme convicción en la santidad de la vida, que nunca es una simple carga, sino siempre un don de Dios, dado y recibido”.

Con cuidado y compasión

Sobre el cierre o no de los centros católicos, Nichols solo explicó que “nuestros deberes son claros: vivir según las enseñanzas que Dios nos ha dado; acompañar generosamente, con cuidado y compasión, a quienes enfrentan discapacidad, aislamiento y sufrimiento; seguir proponiendo, con respeto y claridad, las normas objetivas que fundamentan nuestras firmes convicciones sobre cómo vivir y morir bien”.

Por otro lado, el malestar eclesial ya era palpable desde unos días antes. Y es que, el 17 de junio, la Cámara de los Comunes aprobó otra enmienda (con 379 votos a favor y 317 en contra) que despenaliza completamente el aborto hasta el mismo momento del nacimiento. Aunque, desde los años 60, su práctica estaba permitida hasta la semana 24 de gestación, ahora no hay límites y la posibilidad de acabar con la vida del feto es hasta los nueve meses.

Profundamente alarmados

Una medida que causó el rechazo del Episcopado, que, en otro comunicado firmado por el arzobispo John Sherrington, responsable de la Comisión Episcopal para Asuntos de la Vida, aseguró que “estamos profundamente alarmados por esta decisión”. Una “preocupación” que “surge de nuestra compasión por las madres y los fetos”, viendo escandaloso “que se practiquen abortos por cualquier motivo y en cualquier momento, incluso antes y durante el parto”.

Además, esta reforma legal “reduce significativamente la protección de la vida del feto y causará graves daños a las mujeres embarazadas”, pues estas “serán aún más vulnerables a la manipulación, la coacción y los abortos forzados”. Hasta el punto de que, por “la falta de orientación y apoyo adecuados”, ahora, las mujeres “se sentirán más solas, vulnerables y aisladas”.