El colegio católico de Valencia en el que se ha denunciado una agresión sexual en grupo muestra su “condena a todo tipo de abusos”

“Desde que tuvimos conocimiento de los hechos activamos los protocolos para la gestión del caso y comunicamos a las autoridades y a la inspección educativa”, afirman

Rueda de prensa por un presunto caso de abusos en un colegio en Valencia de la Fundación Educativa

El colegio católico de Valencia en el que se ha denunciado una agresión sexual en grupo muestra su “rotunda condena a todo tipo de abusos y violencia que afecten a menores”.



Julia Moreno Rojo, directora general de la Fundación Educativa Santo Domingo, a la que pertenece el Colegio Nuestra Señora de Loreto, ha comparecido hoy en rueda de prensa y ha reconocido su “tristeza al pensar que algo así ha podido pasar en una actividad organizada por nosotros”, puesto que “como Fundación y como centro educativo nuestra mayor prioridad es el bienestar de nuestros alumnos, y, por lo tanto, su seguridad”.

Asimismo, ha recalcado que “desde que tuvimos conocimiento de los hechos activamos los protocolos para la gestión del caso y comunicamos a las autoridades y a la inspección educativa. En todo momento hemos estado a disposición de la Fiscalía, que nos ha requerido documentación y la declaración de algunos miembros del claustro”.

Según sus palabras, “la prevención es la mejor forma de generar entornos seguros”. Por ello, “en nuestra Fundación, desde hace años, dedicamos tiempo y recursos a tratar de dotar a nuestros alumnos de herramientas que les permitan detectar, denunciar y superar cualquier tipo de conducta sexual inapropiada. Contamos con un protocolo específico y con un programa de educación afectivo-sexual propio, el Programa Amar, que desde infantil hasta bachillerato aborda de forma transversal todo lo que tiene que ver con el desarrollo afectivo-sexual”.

En otro orden, ha querido manifestar su “solidaridad con las familias de los victimarios y el respeto a la presunción de inocencia, máxime en este caso, donde todos los implicados son menores y, por lo tanto, gozan de una mayor protección por su vulnerabilidad”.

No ha obviado la directora de la Fundación manifestar “el mayor respeto al trabajo de las autoridades judiciales y señalar que en el momento en que tengamos una resolución firme adoptaremos todas las medidas pertinentes; mientras tanto, seguiremos trabajando por el bienestar de nuestros alumnos”.

“Preocupación y tristeza”

A su lado ha estado María Dolores Esteban Rubio, directora general del Colegio, que ha mostrado su “preocupación y tristeza ante los hechos que estamos viviendo”.

Como ha reconocido, “hemos estado a disposición del menor y de la familia de la víctima”. “Llevamos dos años sufriendo: sufren alumnos, familias, educadores… Somos una comunidad educativa, somos familia. Toda nuestra dedicación, nuestro compromiso y nuestros esfuerzos diarios están orientados y destinados al bienestar y a la seguridad de nuestro alumnado”, ha destacado.

Y ha agregado: “Valores como la confianza, la responsabilidad, la compasión, el diálogo, la escucha, el acompañamiento, la solidaridad, forman parte de nuestro ideario, por eso esta situación es especialmente dolorosa para nosotros”.

Unos hechos fechados en marzo de 2023

El caso saltaba a la luz el pasado 6 de junio, el periodista Javier Martínez publicaba en Las Provincias el caso de una supuesta violación en grupo entre estudiantes de segundo de la ESO en marzo de 2023, durante un viaje escolar a Málaga.

Según se relata en el citado medio, la presunta víctima, que ahora tiene 15 años, entró en estado catatónico durante unos días y sufrió “un trastorno de estrés postraumático cronificado con graves episodios de amnesia disociativa”, según el informe del psiquiatra que lo trató. A causa de esto fue ingresado en el Hospital de la Fe en dos ocasiones durante 35 días y hoy continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico.

Dos años después, la Fiscalía de Menores de Valencia solo acusa a uno de los cinco implicados, para el que pide una pena de 15 meses de internamiento en régimen cerrado. La condena que solicita el Ministerio Público está complementada con otra medida punitiva de dos años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual.

Dos son inimputables, ya que tenían 13 años cuando sucedieron los hechos, y otros dos de los adolescentes investigados se acogieron a su derecho a no declarar y la jueza dictó un auto de sobreseimiento de la causa abierta contra ellos al considerar que no hay suficientes pruebas para continuar acusándolos, aunque la decisión debe ser revocada o ratificada por la Audiencia Provincial de Valencia.

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