El presidente estadounidense Donald Trump ha dado un paso más en su agenda de defensa de la libertad religiosa al firmar este jueves una orden ejecutiva que busca erradicar lo que considera un “sesgo anticristiano” dentro del Gobierno federal. Con esta medida, el republicano refuerza su compromiso con una de sus principales bases de apoyo: los cristianos conservadores.
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La orden ejecutiva establece la creación de un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal general, Pam Bondi. Su misión será revisar las acciones de todos los departamentos y agencias federales durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) para identificar políticas o prácticas que, según la directiva, hayan perjudicado a los cristianos.
De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el propósito de la medida es “proteger las libertades religiosas de los estadounidenses y poner fin a la militarización anticristiana del Gobierno”. Según el documento, la Administración de Biden llevó a cabo una “persecución atroz” contra cristianos provida, asegurando que casi dos docenas de ellos fueron condenados a varios años de prisión por rezar y manifestarse frente a clínicas abortistas.
Contexto y controversia
Las afirmaciones de la Casa Blanca han generado debate, ya que durante el mandato de Biden algunos activistas antiaborto fueron detenidos y condenados por bloquear el acceso a clínicas de salud reproductiva. En enero, Trump indultó a varias de estas personas, lo que fue interpretado como un guiño a los sectores más conservadores de su electorado.
La orden ejecutiva de Trump llega en un contexto de creciente polarización en torno a las libertades religiosas. En diciembre, la Administración de Biden lanzó una estrategia nacional para combatir la intolerancia antimusulmana y antiárabe, lo que algunos sectores cristianos interpretaron como una falta de atención a los casos de discriminación contra su comunidad.
El grupo de trabajo tendrá una duración de dos años y deberá presentar tres informes: uno al inicio de su labor, otro a la mitad del proceso y un tercero al finalizar sus funciones. La orden estipula la participación de altos funcionarios de distintas agencias gubernamentales, lo que refuerza su carácter oficial.
