En octubre de 2020, la francesa Marie Férreol, religiosa del Instituto de las Dominicas del Espíritu Santo, fue expulsada de la noche a la mañana (literalmente) de la comunidad de Pontcallec, a la que pertenecía desde hacía 34 años (prácticamente toda su vida adulta, pues entró con 23), por su “mal carácter”. Primero por un período de tres años y, finalmente, de un modo definitivo. Desde entonces, Férreol siempre denunció que las instituciones eclesiales la dejaron en una situación de “desamparo”, no velando nadie para evitar una exclaustración que, se lamentaba, se le había impuesto sin ofrecerle motivo alguno. Especialmente el cardenal canadiense Marc Ouellet, entonces prefecto de la Congregación para los Obispos y que fue el último responsable de su salida del convento.
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Tras ver cerradas todas las puertas en la Iglesia, denunció el caso a la Justicia civil y, el pasado 3 de abril, el tribunal de Lorient le dio la razón y condenó, entre otros, al purpurado canadiense, calificando el trato dado a la religiosa de “infame y vejatorio” al no haberse probado en ella “el más mínimo delito”.
Amistad con una de las responsables
La razón última es que, en pleno conflicto entre Férreol y su instituto, Ouellet decretó una visita apostólica por parte del Vaticano para investigar el caso, encargando la misma a Jean-Charles Nault y Maylis Desjobert, un abad y una abadesa de conventos locales. Pero, como sostiene el tribunal de Lorient, además de que a él no le competía el caso (que, en todo caso, debía haber correspondido a la Congregación para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica) y en todo el proceso solo aparece su firma y no la del papa Francisco, se daba la circunstancia de que el purpurado era amigo personal de una de las responsables del Instituto de las Dominicas del Espíritu Santo y cuya hostilidad hacia la hermana juzgada era manifiesta.
Por todo ello, se sentencia que “el cardenal Ouellet ha cometido un abuso de derecho y una falta de imparcialidad”. En consecuencia, tanto él como los dos visitadores apostólicos que designó y la comunidad dominica de Pontallec han sido condenados a pagar conjuntamente 182.000 euros por daños materiales y otros 10.000 por daños morales. Además, el instituto galo deberá pagar a su hermana expulsada 33.622 euros como compensación por no cumplir con su deber de auxilio, abocando a la vida secular, en cuestión de horas y sin ningún tipo de acompañamiento, a alguien que llevaba toda su vida en el convento y sin ofrecer una sola prueba constatable en su contra.
Cambió tras denunciar abusos
Tal y como ha destacado la abogada de la religiosa, Adeline le Gouvello, Férreol ingresó en la comunidad en 1987 y nunca tuvo ningún problema. Algo que cambió en 2011, cuando denunció haber sufrido diferentes tipos de “abusos y hechos graves”, señalando a la autoridad de las responsables del instituto. Además, lamentó la actitud de Ouellet, que, a lo largo del proceso judicial civil, no acudió a ninguna de las sesiones del juicio y ni siquiera envió a un abogado que le representara.
En espera de saber cómo acaba definitivamente este caso (las partes condenadas ya han anunciado que recurrirán la sentencia), Ouellet, que en enero de 2023 dejó de ser el prefecto para la Congregación para los Obispos al tener que presentar la renuncia por edad, se enfrenta en su Canadá natal a dos denuncias por abusos sexuales. Las mismas han sido presentadas en su contra por dos religiosas y son relativas a su tiempo como arzobispo de Quebec, entre 2003 y 2010. El purpurado siempre ha negado tajantemente toda responsabilidad en dichos hechos.
