Luis Manuel Alí Herrera: “La cultura del cuidado debe impregnar toda nuestra pastoral”

Secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia

El secretario general de los obispos colombianos no es un recién llegado a la lucha antiabusos. Al contrario. Formarse como psicólogo clínico en la Gregoriana le permitió a Luis Manuel Alí Herrera adentrarse en el complejo entramado afectivo y comunitario de los seminaristas y sacerdotes. No en vano, de sus 27 años de sacerdocio, más de 11 fue formador en el seminario mayor de Bogotá.



Sin embargo, aquellos estudios le llevaron a toparse de frente con la lacra de la pederastia. Desde diciembre de 2014, forma parte de la Comisión vaticana para la Protección de los Menores y, solo un año después, le entregaban la mitra y el báculo como obispo auxiliar de Bogotá. Entonces, apostó por crear una oficina del buen trato a las víctimas; iniciativa a la que siguieron otras tantas en materia de formación y sensibilización.

Porque, como él mismo reconoce, en su vida hay un antes y un después de toparse de frente con los abusados. “Comencé entonces a ponerme la camiseta, porque esto no puede ser así. Porque es aberrante que una institución que está al servicio del ser humano, en algunas situaciones, haya permitido estas vejaciones contra hombres y mujeres concretos”

PREGUNTA.- ¿Qué balance hace de esta Plenaria de la Comisión después de la renuncia de Hans Zollner y sus críticas a la falta de transparencia? Imagino que no fue un buen preludio para el encuentro…

RESPUESTA.- Como balance de estos días, podríamos resaltar nuestro compromiso para que las indicaciones del ‘motu proprio’ ‘Vos estis lux mundi’ se cumplan en cada una de las Iglesias locales como ley permanente, la actualización del marco de las líneas guías realizadas en el 2011 y el inicio de la evaluación permanente de estas lineas en cada una de las iglesias particulares. Un tema obligado de nuestra plenaria fue la manera en que se va a desarrollar un mecanismo de rendición de cuentas de las donaciones recibidas para llevar a cabo las políticas de prevención y formación de personal en cada una de las instituciones de la Iglesia universal.

En este momento, se han recibido tres millones de dólares. El primer programa piloto se llevará a cabo en la Iglesia de Ruanda. Otro ejemplo de esta rendición de cuentas es cómo se presentarán los resultados de la colaboración con la Fundacion US Catholic Family.  Un último tema que trabajamos fue el desarrollo  del primer reporte anual de nuestra labor, solicitado por el papa Francisco.

Trabajar en red

P.- En ese informe anual, el Papa quiere que recojan lo que se hace bien y mal. ¿Cuál es hoy por hoy la asignatura pendiente de la Iglesia en la lucha esta lacra que hay que afrontar de manera urgente?

R.- Me parece que uno de los puntos pendientes es la comunicación en distintos ámbitos, pero, sin duda, el más importante es la comunicación con las víctimas. Es decir, debemos crear mecanismos para que las víctimas reciban la información adecuada de los procesos en curso, priorizar sus solicitudes, tanto en el tema legal canónico y civil como psicoterapéutico, la atención adecuada a sus peticiones en cada una de las Iglesias particulares y la creación de paneles de víctimas. También necesitamos mejorar la comunicación dentro de la Iglesia, pues faltan metodologías para comunicar a las comunidades, las familias y los grupos de interés las iniciativas de la Iglesia en esta temática. En fin, es un tema que se debe trabajar de manera sistemática.

El otro punto que me parece necesario es el trabajo en red. Muchas Iglesias locales no tienen los recursos necesarios para crear las oficinas para desarrollar programas de cultura del cuidado. La única posibilidad sostenible y realista es la cooperación entre todos. En estos meses, cuando los reflectores están puestos en el Sínodo de la Sinodalidad, considero que la sinodalidad se inicia con la solidaridad entre todos nosotros.

Los otros aspectos en los que debemos insistir nos los ha propuesto Francisco: la espiritualidad de la reparación y la protección de los menores de edad y personas vulnerables en la redes digitales.

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