A finales de marzo hay dos fechas clave para El Salvador: se conmemora el 43º aniversario del martirio de san Óscar Romero, al tiempo que se cumple un año del estado de excepción que, para muchos, ha ‘pisoteado’ los derechos humanos por los cuales Romero ofreció su vida. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, impuso esta ley para 30 días, pero ha acabado militarizando el país.
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Desde el 27 de marzo de 2022 han sido detenidas más de 65.000 personas, el 2% de la población, tras otorgar al gobierno la autoridad de realizar detenciones masivas y arbitrarias bajo el argumento de sospecha de vínculos con las maras. Unos de los lugares más afectados ha sido Soyapango, a pocos kilómetros de la capital, San Salvador, donde hoy no se puede ir a trabajar o volver a casa sin encontrarse con los más de 10.000 soldados desplegados por la ciudad. Sin duda, hay muchos malhechores entre los apresados, pero también estudiantes, trabajadores… incluso un religioso.
Entre el pequeño coro de voces que han denunciando estos atropellos, no figura la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES). Salvo el cardenal Gregorio Rosa Chávez, los obispos han mantenido una voz muy baja ante las violaciones del gobierno contra personas inocentes que han sido detenidas, incluso cuando algunas de ellas han muerto en prisión.
La nueva ‘megaprisión’
Algunos sacerdotes, como Manuel Acosta, catedrático de Teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, lamentan que la Conferencia esté “afónica” ante los atropellos. “Echo de menos la voz de un obispo que diga que vamos a adoptar una línea de predicación en la que vamos a pedir el perdón entre todos los salvadoreños. Ningún obispo está proponiendo el perdón en una sociedad que busca la venganza por el sufrimiento que han causado las maras”, señala el sacerdote.
“En verdad, el pueblo se ha expresado, eso es evidente; y ha expresado su aceptación en un altísimo número del régimen de excepción y la gestión del presidente de El Salvador, eso está claro”, señaló en junio de 2022 el arzobispo José Luis Escobar Alas, quien ahora ocupa la sede del profético Romero. Y, en realidad, tiene razón. La mayoría de salvadoreños apoya las medidas de Bukele, hasta que les toca a ellos o a sus familiares o conocidos inocentes. Están orgullosos, dicen muchos de ellos, de la nueva ‘megaprisión’ con capacidad máxima para encarcelar a 40.000.
