Preocupa a la Iglesia en México la militarización de la Guardia Nacional

La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana señala que con dicha iniciativa se arriesga el pleno ejercicio de los derechos de las personas en contexto de migración

Migrantes y Guardia Nacional

La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) expresó su preocupación ante la reciente reforma que se hiciera en la Cámara de Diputados de diversas leyes en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.



A través de un comunicado dirigido a la sociedad en general, pero en particular a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, la dimensión episcopal, cuyo responsable es el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, afirmó que con dicha reforma se está violando la Constitución Mexicana.

Además –señala el texto– también se viola el derecho de las personas que eligieron a un gobierno que prometió crear una guardia de carácter civil para brindar seguridad a la ciudadanía, y no una guardia subordinada al régimen militar.

“Del mismo modo, para quienes no tienen derecho a decidir, (esta reforma) representa un riesgo para el pleno ejercicio de los derechos de las personas en contexto de migración“.

La memoria histórica

La DEPMH recordó que el Estado mexicano ha sido declarado en varias ocasiones responsable de graves violaciones a los derechos humanos, y derivado de lo anterior, también ha sido objeto de múltiples recomendaciones tanto de organismos nacionales como internacionales para limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.

Para la dimensión episcopal, aunque el discurso señala que no se pretende militarizar al país, los legisladores, como representantes del pueblo, no deben dejar de lado la memoria histórica, pues en contextos de importante presencia militar “se ha propiciado la comisión de crímenes atroces por parte de agentes del Estado”.

La señalada iniciativa fue turnada al Senado de la República, por lo que la DEPMH hizo un llamado a ese órgano para que en el análisis, discusión y votación de las reformas, considere en absoluto las consecuencias y repercusiones que en principio no fueron atendidas, “pues la democracia no se construye con la mera observancia del proceso legislativo, sino que se encuentra sujeta al respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas”.

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