Cuando se cumplen cinco meses de que asumiera el encargo de la Conferencia Episcopal Española de radiografiar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el abogado Javier Cremades lanza una primera estimación: “Hablamos de entre 1.000 y 2.000 casos”.
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Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press en la que el responsable del bufete Cremades&Calvo Sotelo detalla que la mayoría de las denuncias rastreadas corresponderían a los años 70 y 80 del siglo XX. “Entre los que tiene la Conferencia Episcopal, los que tiene el diario El País, estamos hablando de entre 1.000 y 2.000 casos, aproximadamente, ahora estamos ordenando y clasificando los que nos han llegado“, expone el presidente del despacho de abogados a Europa Press.
Trabajo con dificultades
En esta etapa de rastreo, Cremades desvela que se han topado con hasta 30 acuerdos extrajudiciales con víctimas, en la mayoría de los casos referentes a congregaciones religiosas y a su personal laico, que han incluido indemnizaciones entre 9.000 y 50.000 euros.
Sobre el ritmo del trabajo, asegura que marchan “razonablemente bien”, si bien reconoce algunas dificultades tales como “identificar el volumen, el número de casos…”. “La extensión del fenómeno no va a ser nada fácil porque muchas víctimas no han denunciado, permanecen en el silencio y las comprendemos también”, sostiene a la agencia de noticias.
Ni paliar ni minimizar
En este sentido, confía en tener listo el informe para la primavera de 2023 y descarta realizar una extrapolación de datos, tal y como se hizo en el cuestionado estudio de la Iglesia francesa por los abultados números de casos que registraron.
En cualquier caso, defiende que “no vamos a intentar paliar ni minimizar la dimensión del daño sino presentar la cruda realidad, ni nos vamos a limitar solo a casos jurídicos o prescritos, no va a ser una categoría de orden procesal la que va a decidir su inclusión en el catálogo de abusos de la Iglesia española a menores”. “Estamos ante la punta del iceberg, creo que hay mucho silencio, venimos de una cultura del encubrimiento y una cultura del silencio”, admite también Cremades.
En cuanto a la recurrente cuestión de su colaboración con la comisión del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el abogado expone que “hemos hablado por teléfono en dos ocasiones y estamos todos alineados en el esclarecimiento de la verdad”.
