Los pueblos étnicos y la población mestiza de la sub-región del San Juan, en el departamento del Chocó, han llevado la peor parte de la guerra entre grupos armados en esta zona del país.
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Así ha revelado la Iglesia de Istmina- Tadó, que entre el 11 y el 15 de octubre, en compañía de organizaciones sociales, realizó una Caravana por la vida.
En un comunicado, han expresado que esta iniciativa tuvo el objetivo de “acompañar y escuchar a las comunidades afros e indígenas que han sufrido en los últimos meses la profundización del histórico conflicto social, político y armado”.
Visitaron varias comunidades indígenas y afros de las riberas del río San Juan para constatar “nuestra profunda tristeza y decepción por la casi total ausencia del Estado y la presencia, esporádica y con poco compromiso y abultada en promesas del Gobierno”.
Macondianas comunidades
Aún con todo y las dificultades, los participantes de la caravana han podido observar “la fuerza, la resistencia, la dignidad, el arte y la cultura de pueblos que no están dispuestos a rendirse, que no quieren abandonar ni entregar su territorio”.
“Pueblos que lamentan un pasado de olvido y de indebida manipulación de sus necesidades y reclaman un presente y un futuro donde puedan vivir bien”, agregan.
Son muchas las necesidades de estas poblaciones: la salud, la educación, la recreación, el deporte, la agricultura, por ello es inconcebible que a estas alturas del Siglo XXI sigan en el olvido.
“Nuestro país es más territorio que Estado y que los valiosos compromisos de nuestra Constitución Nacional están por estrenarse en estas macondianas comunidades”, lamentan.
Incompetencia gubernamental
Para las organizaciones “persiste un importante nivel de subregistro respecto del desplazamiento forzado y mucho más respecto del confinamiento”.
De alguna manera –infieren– puede ser una de las causas para que los Gobiernos locales “tengan una respuesta precaria frente a la garantía del derecho fundamental al mínimo vital”.
También señalan que “aún no se ha presentado una mejoría importante en la situación de riesgo y vulneración de derechos de las comunidades que habitan en la subregión del San Juan” a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno.
En definitiva, “la militarización no es la única solución a la problemática si no va acompañada de una presencia eficiente del Estado en todo lo que arriba señalamos”.
Mientras tanto “la población civil sigue siendo objeto de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas por todos los actores del conflicto armado”.
Foto: Semana
