‘Por Ávila’ dinamita la declaración del parlamento de Castilla y León que reclama un obispo para Ciudad Rodrigo

El partido impidió, minutos antes, que se leyera el texto en el pleno, pese al apoyo del resto de formaciones, desde Podemos hasta Vox

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Podemos y Vox, juntos y revueltos por Ciudad Rodrigo. Todos los partidos del Parlamento de Castilla y León habían aprobado por unanimidad una declaración institucional que se leería ayer en el pleno en la que se apuesta por “la continuidad de la diócesis y de un obispo propio, exclusivo y residencial”. Sin embargo, escasos minutos antes, el procurador de la formación Por Ávila se negó. Por tanto, la declaración, que bebe de una campaña por la supervivencia de la diócesis, nace muerta.



Esta campaña para salvar la diócesis ya fue respondida el 24 de enero por Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila y administrador apostólico de la diócesis mirobrigense, en una carta leída ese mismo días en todas las misas. En ella, lanzaba esta petición a los fieles: “No colaboréis con vuestros actos en ninguna campaña que pretenda intimidar a la Santa Sede en su decisión sobre el futuro obispo de nuestra Diócesis de Ciudad Rodrigo”.

El prelado decidía dirigirse a los diocesanos 18 días después de que el ex vicario general, Tomás Muñoz, invitara en su carta ‘¡Surgere civitas!’ a defender la Iglesia local. Y que, según Burillo, ha creado un “ambiente de confusión”.

Declaración ‘interruptus’

La declaración, que finalmente no fue leída y a la que tuvo acceso Vida Nueva, hace un repaso de la historia de esta diócesis castellano leonesa, para luego afirmar que “la modificación del estatuto jurídico actual de la diócesis civitatense no es solo un problema eclesial, sino también político o social de primera magnitud para esta zona de España. El tema de la diócesis ha preocupado a personalidades, alcaldes y corporaciones desde hace siglos, consecuencia de que la población en general entiende que es un bien para la ciudad, y por ello su importancia trasciende de lo meramente religioso, aun respetando las decisiones de la jerarquía de la Iglesia, por el principio de separación entre la Iglesia y el Estado”.

Y añaden: “Hoy, más que nunca, las zonas diezmadas por la despoblación necesitan tener cerca a sus instituciones. Sin dichas instituciones, nuestros pueblos irán perdiendo su voz, sus derechos y, en definitiva, su existencia”.

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