Tal como se ha insinuado en los últimos meses, la nueva reforma educativa, la Lomloe –conocida como la ley Celaá–, no incluirá el criterio “demanda social” a la hora de organizar las plazas de los colegios concertados. Es lo que apuntala la enmienda que se ha aprobado en el Congreso este martes por la que solo fija que se garantizará la oferta suficiente de plazas públicas, para lo que se promoverá un incremento de las mismas, desapareciendo de la planificación las demás instituciones educativas o las elecciones de las familias en un determinado territorio.
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Sin la voz de las familias
Esta enmienda transaccional ha salido adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Más País cuando ha sido tratada en la Ponencia o grupo de trabajo de la Comisión de Educación. El resultado final ha sido de 20 votos a favor y 16 en contra, según ha publicado la agencia Efe. Una enmienda que complementa el artículo 109 de la nueva ley para garantizar las plazas públicas y mediante la que “se perseguirá el objetivo de cohesión social y la consideración de la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa”.
Además, el texto aprobado prevé que la existencia de plazas públicas suficientes debe cuidarse “especialmente en las zonas de nueva población”. “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”, añaden.
Desaparece así la coletilla de la Lomce, la conocida como ley Wert, que añadía en ese artículo –junto con los criterios de calidad e igualdad–, que se tomaría “en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social”. Aunque la desaparición de la concertada (en el articulado) es evidente, la ministra de Educación, Isabel Celaá, siempre ha defendido que quitar “demanda social” obedece a que “la enseñanza pública es la obligación de la Administración pública y por tanto tiene que estar” siempre ahí.
Una escuela más laica
No es el único obtáculo al que se enfrente la escuela de titularidad católica, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament (STEPV) y València Laica han reclamado este martes 3 de noviembre que en la ley Celaá la Religión “salga de la escuela” y se “potencie la red pública”. Para estas entidades “la tramitación en el Parlamento de una nueva ley orgánica de educación es una oportunidad especial para asegurar el fortalecimiento de la enseñanza pública y la laicidad de sistema para el que hay que desmontar toda la base legislativa que impuso el PP”.
De momento no parecen estar muy satisfechos, ya que critican que la nueva reforma del Gobierno tiene “muy poca ambición” ya que “ni siquiera se ha contemplado sacar la Religión del horario lectivo, por no hablar de la nula apuesta por una escuela publica y laica”.
Para ello, piden a los parlamentarios que se opongan a la ley y reclaman “denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al Gobierno a proceder para el cumplimiento de este mandato”.
Respecto a la concertada, exigen una Lomloe que “potencie la red pública, para que esta sea el eje vertebrador del sistema educativo, puesto que es la única que puede garantizar el servicio público universal educativo y acabar con las desigualdades, y eliminar progresivamente el desvío de fondos públicos a la escuela concertada”.
