La pandemia de coronavirus ha cuestionado muchas conductas preestablecidas, pero, por desgracia, algunas otras realidades, sobre todo las que afectan a los más vulnerables de la sociedad, permanecen enquistadas. Es lo que ocurre con los menores extranjeros no acompañados (MENA), muchos de los cuales permanecen internos en centros públicos en situación de hacinamiento. Algo que, si habitualmente ha generado situaciones de gran dificultad, ahora implica un riesgo máximo para su salud y para los de los profesionales que les acompañan.
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La situación preocupa en espacios como el Centro de Menores San Aníbal, en la localidad gallega de Burela, gestionado por las Hijas del Divino Celo (rogacionistas), donde ahora mismo hay un niño de 11 años y nueve chicos de entre 16 y 17 años. Al no haber ninguna directiva concreta del Gobierno sobre los centros de menores tutelados, se tienen que atener a las pautas sobre las familias numerosas. De ahí que solo pueden salir a dar un paseo tres menores por adulto, lo que supone un conflicto en la organización de la propia casa.
Menos burocracia
Ante ello, el coordinador del centro, Jesús Iglesias, señala que “nuestra petición es clara: que se emprenda un proceso extraordinario de regularización para los MENA. Muchos llevan conviviendo en nuestros centros muchos meses y cuentan con nuestros informes positivos de convivencia e integración para que se les conceda el permiso de residencia y trabajo”.
“No contar con ello –lamenta– afecta gravemente a su integración, pues no pueden acceder a la Formación Profesional Básica, a muchas acciones formativas con garantías de empleabilidad, a una asistencia sanitaria normalizada y a cosas tan simples como practicar algún deporte de base en algún club con actividades federadas”.
Momento idóneo
“Ahora –anima– es el momento; no tenemos efecto llamada, las fronteras están cerradas y, lo más importante, no podemos seguir exigiendo que estos menores tengan que obtener el pasaporte de su país de origen para iniciar los tramites de regularización. Sus derechos no se pueden cercenar por estar indocumentados y, menos, favorecer las mafias en los países de origen para que paguen por documentos tan simples como una partida de nacimiento”.
“De regularizarlos –concluye–, al menos un centenar de ellos podrían integrarse laboralmente en sectores que demandan mano de obra ya y urgente, como es el agroalimentario y el forestal. Eso permitirí hacer procesos de desinstitucionalización, con garantías de empleabilidad, y no crear usuarios de una red de servicios sociales ya desbordada en estos momentos”.
Apoyo esencial
También lo percibe así Manuel J. García García-Fuentes, presidente de Futuro Cierto, entidad que trabaja con jóvenes en exclusión en dos parroquias del barrio madrileño de Chamartín, tratando con muchos jóvenes del centro de menores de Hortaleza, cuya capacidad se encuentra ampliamente desbordada y que ahora, ante la pandemia, ha podido derivar a algunos de los atendidos a otros espacios públicos, así como realizar test para descartar posibles contagios.
Para tratar de combatir esta precaria situación, Futuro Cierto trabaja desde hace años con gitanos rumanos y con inmigrantes que, al cumplir los 18 años, dejan de ser tutelados en el centro de menores. El apoyo a los alrededor de 100 jóvenes a los que atienden se basa en ofrecerles comida, ropa, medicinas, atención sanitaria y acompañamiento sanitario y jurídico para regularizar su situación.
Apoyo en la calle
Como lamenta García, las restricciones sanitarias ante el coronavirus han complicado mucho la situación, “por lo que, aunque hemos seguido distribuyendo alimentos y ropa en las parroquias, hemos tenido que reducir las jornadas de reparto”. Eso sí, han ido más allá de su labor habitual y, “junto a otras asociaciones, hemos ido en furgoneta repartiendo comida y material sanitario e higiénico a chicos que viven en la calle, por varias zonas de todo Madrid, pero especialmente en Chamartín”.
Como buena parte de los españoles, “a nivel de organización, actuamos gracias al teletrabajo, contactando entre los miembros de la dirección y haciendo seguimiento con todas las familias atendidas”. Con aquellos jóvenes cuya situación es más complicada y carecen de un hogar, “les llamamos todos los días dos veces, por la mañana y por la noche, para saber qué necesitan en todo momento y asegurarnos de que no tienen síntomas de contagio”.
Propuesta al Ayuntamiento
Fruto de la experiencia de todos estos años, García está comprobando de primera mano que “la situación de muchos de los chavales está empeorando con esta crisis. Muchos están perdiendo su trabajo y algunos están empezando a sufrir situación de calle”. De ahí su llamada de urgencia a las autoridades públicas a que aprueben la solución que Futuro Cierto puso sobre la mesa del Ayuntamiento de Madrid tiempo atrás: “Una residencia para estos chicos en la que, con un mínimo de personal contratado del Gobierno municipal, hasta el 80% restante serían voluntarios nuestros”. Pese a todo, hasta ahora no han recibido una respuesta concreta.
Mientras, la entidad también reclama ayuda “a cualquier particular que nos pueda apoyar con un inmueble en el que podamos impulsar desde ya un albergue para dar acogida a tanta gente que vive o va a vivir muy pronto en la calle, estando a las puertas de una situación que va a ser insostenible. Nuestra previsión es que viene algo muy duro para todos”.
