El Arzobispado de Granada ha aprobado, por medio de un decreto, un protocolo de prevención y actuación ante abusos sexuales a menores y a personas vulnerables, acompañado de un código de buenas prácticas con el que crear “ambientes sanos y seguros” en la Iglesia de la provincia.
De esta manera, el protocolo, aprobado por Francisco Javier Martínez Fernandez, y que ha sido publicado en la web de la Archidiócesis, tiene un carácter vinculante para todo aquel que tenga cualquier tipo de responsabilidad “personal o institucional” en el trato con menores y personas vulnerables dentro de las entidades dependientes de la Archidiócesis.
Asimismo, el decreto tiene una vigencia de tres años, pasando a ser definitivo “si no aparece legislación nueva, civil o canónica, y si no se viesen en el mejoras de especial urgencia o importancia”. “Quiero que todos los que actuamos en la archidiócesis y que tenemos trato con menores o con personas vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o a aliviar las heridas que siempre produce en las personas”, indica el arzobispo en el decreto.
Distintos tipos de maltrato y abuso
El protocolo engloba tanto el maltrato físico como psicológico, así como el ciberacoso y el abuso sexual y, a su vez, “explicita y concreta” las medidas a seguir para “escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados allí donde se encuentren”.
Los abusos sexuales son entendidos por la Iglesia de Granada como “un atentado contra la libertad sexual de un menor o una persona vulnerable con el uso de violencia o intimidación, ya sea directo, indirecto”, sin olvidar el “acoso, provocación y explotación sexual”.
Entre los puntos prácticos del protocolo destaca que se obligará, tanto a sacerdotes como a laicos, a firmar un “documento de responsabilidad personal” en el que afirmen “de forma expresa su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, afirmando que conocen la doctrina de la Iglesias y las leyes civiles sobre este tema y que si llegan a cometer cualquier acto de abuso sexual lo harían engañando a la Iglesia, a las leyes civiles, siendo responsables única y exclusivamente de los actos que realicen”.
No ponerse “en situaciones de riesgo”
Asimismo, el protocolo establece la creación de una comisión de protección de menores y personas vulnerables y la elaboración de programas de formación específica en este ámbito. Del mismo modo, prohíbe a los responsables ponerse en “situación de riesgo o claramente ambigua” como podría ser el acceder a los vestuarios mientras estén los menores presentes, compartir habitación de hotel o tienda de campaña, subir a un menor a solas en un coche o incluso “quedarse a solas mucho tiempo con un menor”.
En caso de conducta inapropiada, el protocolo señala que se llevará a cabo una actuación que puede abarcar, dependiendo del caso, desde una “indicación o sugerencia de mejora” de los actos a la comunicación de los mismos “a las autoridades civiles, con la apertura de un expediente o el despido”.
