Hadiqa Bashir: “Cuando teníamos siete años, mi amiga nos anunció que se casaba. A los 11, me tocó a mí…”

  • La activista paquistaní lucha contra el matrimonio forzado infantil en su comunidad, puerta a puerta
  • Amnistía Internacional, Save the Children, Mundo Cooperante y Entreculturas visibilizan esta lacra
  • Presentación conjunta en Madrid de la campaña ‘¡No quiero!’, por el Día Internacional de la Niña

Con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebra mañana, 11 de octubre, hoy ha habido un acto muy especial en Madrid: organizado por Amnistía Internacional, Save the Children, Mundo Cooperante y la entidad jesuita Entreculturas, las cuatro instituciones han presentado la campaña ‘¡No quiero!’, la primera de lo que ya es una coalición para trabajar en red contra el matrimonio infantil forzado.

La rueda de prensa, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, ha estado protagonizada por Hadiqa Bashir, activista por los derechos de las niñas en Pakistán, y Kadiatu Massaquoi, víctima del matrimonio infantil y forzado en Sierra Leona.

También fue víctima

La militante paquistaní, de 17 años, ha dado testimonio sobre cómo comenzó su lucha: “Fue por mi propia experiencia personal, porque yo también fui una víctima. Cuando teníamos siete años, mi amiga nos anunció que se casaba. Al principio, todas las compañeras nos pusimos contentas porque pensábamos en la gran fiesta que habría. Pero, a los pocos días, nos dimos cuenta de que no venía al colegio. Fuimos a buscarla a su nueva casa y salió su suegra para decirnos que no volvería porque ya era una mujer”.

Pero no se rindieron: “Organizamos una fiesta para que ella pudiera venir. Estuvo, pero muy cohibida y en una esquina. Nos acercamos y estaba llorando. Al final, nos contó que su marido la había pegado con una barra de hierro… No sabíamos cómo ayudarla”.

Gracias a su tío

Con el tiempo, llegó el turno de la propia Hadiqa: “Cuando tenía 11 años, fueron mis padres los que me obligaban a casarme con un taxista de 35 años. Yo me negué, lloraba… Hasta que pude hablar con mi tío y él me contó que hay una ley en mi país que prohibe el patrimonio infantil. Fue así como pude disuadir a mis padres, amenazándoles con llevarles a los tribunales”.

Tras esa primera liberación, decidió ir más allá y tratar de salvar a muchas otras chicas como ella: “Empecé a recorrer mi comunidad, Swat, y a ir puerta por puerta para hablar con las familias para que todos supieran que, frente a la costumbre local, la ley nos ampara. Mi familia lo rechazaba, pero pude volver a contar con el apoyo de mi tío. Fue una gran alegría cuando pude volver a contactar con mi amiga, la que se casó cuando tenía siete años, y ella también se unió a la causa”.

Un movimiento para empoderarse

Con su movimiento, ‘Chicas unidas por los derechos humanos’, han conseguido que 25 niñas de la comunidad hayan escapado de la obligación de casarse y 50 hayan podido volver al colegio. También están extendiendo su campaña de concienciación a los líderes religiosos y políticos, así como a muchas chicas a las que animan a empoderarse: “En Swat hay mucho talento. Hay chicas que quieren ser artistas o actrices, pero no lo expresan por vergüenza. Nosotras las ayudamos a dar ese paso”. Su último éxito es la próxima publicación de un cómic.

Hadiqa ha concluido ofreciendo unos datos estadísticos sobre la realidad de su comunidad, recogidos de primera mano y con las aportaciones de otras entidades: “En 2018, en Swat, hay un 63% de matrimonios forzados, el 67% no conocen la ley, el 70% no conocen derechos básicos y el 79% no censan los matrimonios”… Sin duda, tienen mucho trabajo por delante.

Tuvo que dejar la escuela

Kadiatu, quien vive en Sierra Leona, cerca de la frontera con Liberia, ha empezado de un modo directo: “Tengo 17 años, estoy casada y tengo dos hijos”. Esa es su vida ahora, pero hace apenas tres años era muy diferente: “Cuando tenía 14, mi padre murió y mi madre se quedó con los ocho hermanos que aún vivíamos, habiendo llegado a tener 16. Entonces, yo me quedé embarazada… Por todo eso tuve que dejar la escuela: mi madre me dijo que no podía mantenerme y que, además, la comunidad me rechazaría por haberme quedado embarazada fuera del matrimonio. Así que la única solución era casarme”.

Pasaba buena parte del tiempo en la calle, triste por no poder ir a clase y porque en su nueva casa tenía que hacer todos los deberes del hogar. Hasta que conoció el proyecto ‘Derecho a ser una niña’ de Save the Children. Gracias a ellos ha podido hacer un curso de Formación Profesional en un entorno seguro, junto a dos mujeres del programa. Pero su sueño sigue siendo volver a la escuela “y ser enfermera”.

Cambio de mentalidad

La propia Kadiatu colabora con el proyecto y recorre las casas informando a las familias sobre los derechos de las niñas: “Hablo con los padres para tratar de convencerles de que, si casan a la fuerza a sus hijas, les están robando el futuro y la capacidad de decidir sobre sus vidas”. Con toda la crudeza denuncia que estas niñas son esclavas en sus hogares y, cuando se casan con un hombre que tiene varias mujeres, la niña siempre es la que se encarga de toda la carga de trabajo y, encima, es la más expuesta a los abusos sexuales.

Su esperanza es que “el nuevo Gobierno de Sierra Leona está concienciado con esta causa y la califica de ’emergencia nacional’, impulsando leyes como la de Educación de calidad y libre, o la de abuso sexual, condenando a cadena perpetua a quien penetre a una menor de 18 años. Ahora mismo, está rematando una que combate de un modo directo el matrimonio forzoso”.

12 millones de víctimas al año

Completando el impresionante testimonio directo de estas dos chicas, los representantes de las entidades que conforman la campaña ‘¡No quiero!’ han ofrecido una visión más global. Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional, ha denunciado que, “cada año, 12 millones de niñas en todo el mundo son obligadas a casarse”. Frente a esta lacra, ha exigido que “nuestros gobiernos afronten esta cuestión cuando se reúnan con las autoridades de estos países en los que se produce esta violación de los derechos humanos”.

Andrés Conde, director general de Save the Children, ha señalado cuatro principales causas para este triste fenómeno: “La primera es la económica. Familias pobres se ven obligadas a dar en matrimonio a sus hijas para librarse de su manutención y, además, recibir una dote. Por eso las entregan a hombres más ricos, que, al final, suelen sacarlas 30 o 40 años. La segunda es la cultural, viéndose esta práctica como positiva por parte de muchos pueblos, estando su raíz en la costumbre social y religiosa. La tercera es el honor familiar, obligando a casarse a toda chica que se ha quedado embarazada fuera del matrimonio, haya sido la relación consentida o no; hasta el punto de que muchas son casadas con quienes las han violado… La última razón es una falsa idea de protección. Al estar en entornos inseguros, como campamentos de refugiados, muchos padres casan a sus hijas pensando que así están más protegidas, cuando lo único que hacen es someterlas a la esclavitud sexual y doméstica, lo que para ellas es una cadena perpetua”.

La educación es clave

Daniel Villanueva, vicepresidente ejecutivo de Entreculturas, ha lamentado que “el matrimonio forzoso es la puerta principal por la que entra el abuso”, generando una “violación de los derechos de estas niñas” que se extiende a diferentes ámbitos: “La exclusión de la educación o la salud, la esclavitud sexual, el contagio de enfermedades como el sida o la mutilación genital”. Por ello, ha reivindicado que “la educación es clave, pues en la escuela tienen una mayor sensibilización y están más protegidas”. De hecho, las chicas que terminan Secundaria escapan seis veces más del matrimonio infantil forzado que las que no lo hacen.

Alban del Pino, director técnico de Mundo Cooperante, ha detallado que, de seguir así, “en 2030, habrá 150 millones más de niñas que hayan sido obligadas a casarse”. Eso sí, para apuntar un dato positivo, ha indicado que “la tendencia está bajando en un 15%, pasando de una de cada cuatro a una de cada cinco niñas que son víctimas de esto”. También es positivo que “la comunidad internacional sea consciente de esta lacra y su abolición figure entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Ahora, claro, “lo que hay que hacer es exigir que se cumpla”.

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