En la última polémica diplomática entre el Gobierno y la Iglesia por algunas declaraciones del Nuncio Fratini en su despedida de España, la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo dejaba asomar la cuestión de la fiscalidad de los bienes eclesiásticos como próximo caballo de batalla. Sin embargo, en el discurso de investidura de Pedro Sánchez nada de eso salió a relucir.
Una filtración al diario El País vuelve a poner el tema sobre la mesa, cuestión que desde hace un año ha estado bastante latente. En su información, el periódico señala que “la Iglesia inscribió como propios 30.000 bienes en casi dos décadas” desde que en 1998 entrase en vigor el actual sistema de inscripción de propiedades históricas formando parte de la Ley Hipotecaria. Este listado recopilaría los datos de los registradores de toda España cumpliendo una proposición no de ley del Congreso. Actualmente, señalan las fuentes del diario de Prisa se está revisando el listado y elaborando un informe jurídico.
Más transparencia
En este número están incluidos templos, casas rectorales, locales parroquiales o incluso plazas, fuentes o frontones y parcelas. Por ello se prevé que la reacción en los tribunales no se haga esperar, tanto por administraciones locales que puedan considerar los bienes de dominio público como por la Iglesia en lo que podría ser, como decía hace un año José María Gil Tamayo, un “clima de desamortización encubierta” o, cuando en septiembre se filtró un nuevo paso a la Cadena SER, confirmaba que la Iglesia no descarta ir a la Justicia si el Gobierno la “desamortiza”.
Según El país, el informe lleva listo desde el 12 de julio de 2018 y está coordinado por el Ministerio de Justicia, pero se pidió que se detallasen de forma más minuciosa las propiedades. En este tiempo ha surgido algunas voces que han rescatado la petición de que la mezquita-catedral de Córdoba fuera de titularidad pública.
Por parte de la propia Conferencia Episcopal, el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, siempre ha asegurado colaboración porque “cuanto más transparentes seamos en lo económico, más se animarán los ciudadanos a colaborar con la Iglesia”. Principio que se aplica en la intramuculaciones ya que “la Iglesia no se ha apropiado de nada”. “El que un bien sea de la Iglesia o no, no depende de un registro. Hay miles de propiedades que no están registradas y nadie piensa que sea necesario porque se puede demostrar. Los registros tienen un papel para proteger lo que es tuyo, pero no es el título habilitante del bien”, explicaba hace un año reivindicando que la inmatriculación exigía un proceso de desmostración de la propiedad.
