La Corte Suprema de Pakistán fijo ayer, 24 de enero, una audiencia para escuchar una petición de revisión sobre la decisión del tribunal de anular la condena de Asia Bibi por blasfemia. Asif Saeed Khosa, presidente de la Corte Suprema, encabezará el tribunal de tres miembros que escuchará la petición de revisión presentada por el clérigo local Qari Muhammad Salaam el próximo martes 29 de enero.
“Teniendo en cuenta las pruebas presentadas por la fiscalía contra la presunta blasfemia cometida por el recurrente, la fiscalía no ha demostrado de manera categórica su caso más allá de toda duda razonable”, escribió en el veredicto el entonces juez, Mian Saqib Nisar.
Así, el pasado 30 de octubre la Corte absolvió a Bibi, una madre cristiana condenada a muerte por blasfemia, aceptando la apelación contra su sentencia. Pero la absolución de Bibi provocó tres días de protestas masivas dirigidas por el Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP), el partido islamista del país, que finalmente fueron canceladas después de que el partido político-religioso llegara a un acuerdo con el gobierno, con la condición principal de colocar el nombre de Asia Bibi en la lista de control de salida del país y que no se opondría a las peticiones de revisión de la sentencia.
Presuntas irregularidades
Sin embargo, el gobierno solo acordó “iniciar el proceso legal” para impedir la salida de Bibi de Pakistán. Salaam presentó la petición de revisión del caso el 1 de noviembre, seis días antes de que Asia Bibi fuera liberada de la cárcel de mujeres de Multan, trasladada en avión hasta Islamabad y, finalmente, llevada a un lugar no revelado y en medio de estrictas medidas de seguridad.
En su petición, Salaam argumenta que la absolución de Aasia Bibi por el Tribunal Supremo de Pakistán “no cumplió los estándares de jurisprudencia así como con las disposiciones islámicas”, entre las cuales se encuentra “el principio de justicia con referencia a la aplicación en las leyes de blasfemia”. También ha señalado que la investigación del caso ha sido “defectuosa”, y que esto puede convertirse en “un obstáculo en la administración de la justicia”.
