Migración y trabajo digno: una urgencia pastoral y social

Una de las situaciones más duras del mundo del trabajo es sin duda las condiciones que sufren las personas trabajadoras migradas. Es una realidad silenciosa y silenciada, que está condicionando en gran medida la vida de millones de personas en nuestro país. Padecen mayores índices de empleo precario o desempleo, acceden con menor intensidad a las políticas sociales y soportan una mayor vulneración de sus derechos sociales.

La cantinela de “los inmigrantes nos quitan los puestos de trabajo” no resiste el contraste con las cifras reales, ya que nuestra economía demanda una gran cantidad de mano de obra migrante, sobre todo para determinados sectores (agricultura, hostelería, construcción, comercio, servicio doméstico, de cuidados…) que los trabajadores locales no están dispuestos a cubrir por su menor remuneración o por sus condiciones laborales.

Según el Banco Central Europeo, las personas trabajadoras migradas han sido responsables del 80% del crecimiento económico de España en los últimos cinco años. Sin embargo, esta aportación no es reconocida en la práctica mediante avances en leyes que reduzcan la precariedad de los empleos que desarrollan.

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Es verdad que desde el mundo sindical y desde la propia iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) se hace análisis de la situación y se realizan gestos de denuncia. Pero resultan claramente insuficientes, porque donde se juega realmente el cambio es en el mundo de la política y del poder legislativo. Y ahí poco o casi nada se ha avanzado.

Mujeres valientes

El último encuentro de la mesa diocesana de migraciones, que trató sobre las condiciones de vida y trabajo de las mujeres latinoamericanas migradas, insistió en la importancia de no hablar solo de acogida, sino también del trabajo de promoción y de convivencia intercultural. Se destacó la riqueza cultural y humana que aportan estas mujeres, su preparación muchas veces obviada o ignorada, y también se analizó la realidad de las mujeres de las comunidades asiáticas, que viven la misma realidad, pero con la dificultad añadida de la barrera idiomática.

En dicho encuentro interpeló bastante el testimonio de Cecilia, una mujer colombiana. Su primera experiencia laboral en Canarias fue de ocho meses sin contrato y muy poco salario. La segunda fue en casa de un persona mayor que tenía muy mal carácter, donde sufrió mucho porque, en alguna ocasión, llegó incluso a agredirle. Luego pasó a cuidar a una persona enferma de Alzheimer, pero transcurrido un tiempo no pudo aguantar más y tuvo que dejar el trabajo por el trato vejatorio que le dispensaba la familia. Actualmente sigue sin papeles y desempleada.

Otra historia impactante fue la de Manuela, una mujer peruana. Contaba que cuando llegó a Canarias se encontró con una realidad muy dura: trabajar sin contrato, sin derechos y sin voz. Durante cinco años cuidó a personas mayores, muchas veces como interna, viviendo en la casa donde trabajaba, sin contrato ni seguridad social, lo que le dejó totalmente desprotegida y la convirtió en invisible ante la ley, ante las instituciones y muchas veces también ante la sociedad. Vivió situaciones de acoso sexual, abuso de poder, malos tratos, incluso golpes. Y lo más duro fue que, al no estar regularizada, ni siquiera tenía derecho a reclamar ni a denunciar, porque si lo hacía, lo más probable es que hubiese perdido el único techo y sustento que tenía.

Justicia, no caridad

Manuela manifestaba que quienes migran son mujeres fuertes, valientes, que solo piden lo justo: ser reconocidas como personas trabajadoras que tienen derechos. Lo que piden no es caridad, sino justicia. Piden leyes que las protejan, inspecciones reales, contratos dignos y, sobre todo, respeto a su humanidad. Cuidan la vida de otras personas, pero ¿quién las cuida a ellas? Destacaba la importancia de abrir espacios donde puedan dejar de ser invisibles, porque “sin papeles no somos nadie y no tenemos derechos reconocidos, porque sin contrato no se nos valora ni se nos respeta”, decía.

Estas historias son una llamada urgente a implicarnos en la defensa de la dignidad de las personas trabajadoras. Creo que la prioridad de la pastoral de migraciones, conjuntamente con la pastoral obrera y del trabajo, pasa por su participación en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en orden a fomentar, animar y potenciar el compromiso cristiano del laicado para trabajar por la integración de las personas migradas y reclamar también para ellas leyes que permitan su acceso a la regularización, al trabajo digno, a la educación y la cultura, el acceso a una vivienda en condiciones así como el derecho a la asistencia sanitaria.

Hagamos nuestras las palabras del papa Francisco al Movimiento Cristiano de Trabajadores italiano (9-12-2022): “Que no falte su compromiso para promover el trabajo de las mujeres… con contratos dignos y no de hambre, para salvaguardar tiempos y espacios de respiro para la familia, para el voluntariado y para el cuidado de las relaciones. Por favor, ¡rechacen toda forma de explotación!”.