Hace aproximadamente un año, la Iglesia española aprobó la puesta en marcha del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos. Además de las iniciativas vinculadas a la formación y prevención, se incluía la creación de una comisión independiente para baremar las indemnizaciones a las víctimas cuyo abusador había muerto o su caso había prescrito. No solo se ha puesto en marcha, sino que ya se han tramitado más de medio centenar de expedientes. En paralelo, las diócesis de Madrid y Bilbao han celebrado actos públicos de perdón con quienes han sido víctimas de esta lacra.
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El Gobierno se desinfla
Por el contrario, parece desinflarse el ímpetu con el que el Gobierno salió al rescate de las víctimas para fiscalizar a la Iglesia por temor a que no asumiera su responsabilidad. En abril de 2024, el Consejo de Ministros aprobó una hoja de ruta que incluía un organismo evaluador, un fondo millonario que nutrirían Estado y obispos, y un homenaje a las víctimas. A fecha de hoy, solo se ha registrado una subcomisión parlamentaria sin visos de conformarse. Ni siquiera se ha dotado de fondos al Defensor del Pueblo para mantener su oficina de atención. Los abusos no se combaten con proclamas.
