La Conferencia Episcopal Española acogió esta mañana la presentación del primer informe que aborda el trabajo con migrantes que todas las confesiones cristianas de nuestro país, desde católicos hasta evangélicos pasando por anglicanos. Se trata de una de las iniciativas que se han llevado a cabo desde que hace un año se puso en marcha la llamada Mesa de Diálogo Interreligioso de España, que aglutina hasta once confesiones.
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El estudio se dio a conocer de la mano de Carolina Bueno Calvo, presidenta de la Mesa y secretaria ejecutiva de Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE); Luis Argüello, presidente de los obispos católicos españoles; y Timotei Lauran, obispo de la diócesis ortodoxa rumana de España y Portugal. Al acto acudió Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa en España.
Acompañando y asesorando
“Las Iglesias cristianas en España llevamos décadas trabajando en el terreno acompañando, asesorando y defendiendo los derechos de las personas migrantes”, reivindicó Lauran. “Muchas veces estamos ahí donde no llegan las instituciones”, añadió.
Lo cierto, es que en total todas las confesiones cristianas suman más de 9.000 centros asistenciales y cerca de 160 espacios específicamente destinados a asistir a migrantes y refugiados. Esta red de espacios se hace posible, además de en residencias, colegios, en 22.921 parroquias de la Iglesia católica, 4.763 lugares de cultos de Iglesia Evangélicas y 241 templos de Iglesias ortodoxas. Solo al Iglesia ortodoxa rumana ha invertido tres millones de euros para atender esta realidad.
Mediadores interculturales
Con estas cifras por delante, Bueno Calvo compartió algunas de las propuestas que lanzan las Iglesias cristianas, como la presencia de mediadores interculturales para promover la integración, fortalecer el acceso a la vivienda de los extranjeros, reforzar el apoyo psicológico a los migrantes, así como implementar mecanismos para ofrecer empleos dignos.
Durante la presentación, recordaron su rechazo a la reforma legislativa para eliminar los llamados delitos de odio y reiteraron sus reivindicaciones vinculadas a las cotizaciones a la Seguridad Social de pastores de diferentes Iglesias.
