Tras su primera toma de contacto con el Papa en junio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha estrenado como responsable de las relaciones Iglesia-Estado en el consistorio que ha creado cardenal al ‘alcalde’ del Vaticano, Fernando Vérgez.
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Durante este periplo romano, el político socialista ofreció la versión más cordial del Gobierno, en su saludo a Francisco, con los cardenales españoles y ante los periodistas, expresando que “tenemos posiciones diferentes con la Iglesia, pero buscamos el equilibro desde el diálogo y la colaboración”.
No dudó en poner como ejemplo las tres comisiones bilaterales de trabajo sobre fiscalidad, Obra Pía e inmatriculaciones. Sin embargo, volvió a repetir el mantra errado de un registro indebido de la Iglesia de un millar de propiedades, cuando fue la Iglesia quien destapó la adjudicación equivocada por parte del Estado.
Reclamos electoralistas
A estas alturas, la cúpula episcopal ha delimitado su confianza en Moncloa, que durante el curso pasado no dudó en usar el patrimonio y la pederastia como arma arrojadiza, y que podría hacer lo propio además de con la comisión antiabusos, con impuestos como el ICIO y el Valle de los Caídos como un reclamo electoralista.
