¿Una gestión sostenible o maquillada?

–Las entidades de la Iglesia ante el “tsunami” regulatorio en materia de sostenibilidad: ¿a quién afecta y cómo enfocarlo?

–Toda organización, al margen de forma jurídica u objeto social, se ve afectada. Sin embargo, frente a una visión reactiva que concibe la sostenibilidad como un coste –el de lidiar con la carga normativa sobrevenida–, las entidades de la Iglesia tienen la oportunidad de abrazar un enfoque genuinamente sostenible. Un enfoque guiado por un faro ético que refuerza la propia viabilidad organizativa e irradia su ejemplaridad para inspirar a otras organizaciones.

El “tsunami” regulatorio en materia de sostenibilidad se abre paso en la UE y ha impuesto nuevas exigencias en la gestión de decenas de miles de empresas y organizaciones, y, de paso, una fuerte presión en unos equipos directivos que a menudo no saben cómo reaccionar.

Hasta ahora, este vendaval regulatorio se ha traducido en un mosaico de requisitos legales que se aplican a una gran mayoría de organizaciones (sobre todo, con más de 50 trabajadores), al margen de que operen con o sin ánimo de lucro (fundaciones y asociaciones). Nos referimos, por ejemplo, al plan de igualdad, al registro de la huella de carbono, a la normativa de residuos y economía circular, a la puesta en marcha de un “canal de denuncias” o sistema interno de información, al registro de jornada, a la política de protección de datos, al plan de discapacidad, así como a múltiples protocolos: para la prevención del acoso laboral, LGTBI, de ciberseguridad, de teletrabajo y derecho a la desconexión digital. También hay nuevos requisitos sectoriales que a tener en cuenta y que no abordamos aquí: en el ámbito escolar, sanitario, aplicables a las residencias de la tercera edad, etc.

A esto se le une el plan de cumplimiento normativo penal (la compliance penal) que, aunque voluntario en el papel, es esencial para mitigar los riesgos penales en que pudiera incurrir una organización tras las reformas del Código Penal de 2010 y 2015.

En cuanto a las obligaciones de reportar información sobre sostenibilidad, la previsible ratificación del Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (LIES) amplía los contenidos del Estado de Información No Financiera (EINF) que dos mil empresas ya han presentado en España cumpliendo la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad (LINF). La LIES afectará a entidades de Iglesia, en particular las que reciban fondos públicos u operen en condiciones de mercado superando ciertos umbrales de tamaño.

Esta avalancha regulatoria supone una carga abrumadora. Enfrascadas en la gestión de sus desafíos cotidianos, las organizaciones se ven incapaces –por falta de claridad, tiempo o interés– de digerir e integrar las nuevas exigencias. Esto desemboca con frecuencia en un enfoque de “sostenibilidad” reactivo y a la defensiva que va improvisando soluciones ad hoc para evitar sanciones por incumplimiento.

Paradójicamente, este enfoque de mínimos sin “alma” –cambiar para que apenas nada cambie– sale caro. Tensiona la organización (arrastrada a un vano ejercicio de “maquillaje”) y genera una mayor carga burocrática de la que sería necesaria a la luz de la regulación en sí.

Por todo ello, planteamos dos recomendaciones:

En un plano operativo, lidiar con este tsunami regulatorio exige una aproximación integral y coherente que desarrolle métodos efectivos para mitigar los riesgos legales y reputacionales.
Más importante aún, en un plano estratégico, la sostenibilidad debe concebirse como inversión, no como un coste. Se trata no de “maquillar” la superficie (coste), sino de un entendimiento profundo de que –en el ámbito de actividad que sea– una organización solo es sostenible si actúa con un faro ético. Pues solo así podrá generar el mayor impacto positivo posible sobre su entorno social y natural. Y es aquí, bajo esta concepción genuina de lo sostenible, donde las entidades de la Iglesia tienen la oportunidad de reforzar su viabilidad y, de paso, inspirar al resto con su ejemplo.