En las próximas décadas, España necesita aproximadamente atraer cada año a 200.000 trabajadores extranjeros para poder cubrir los centenares de miles de puestos de trabajo que carecen de reemplazo.
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Los gobiernos prefieren no hacer pública esa necesidad para no provocar reacciones cuando, paradójicamente, hay gente en paro. Pero es la distancia entre el discurso oficial y la realidad lo que causa desconfianza y enojo. Lo que los países deben hacer es organizar esas migraciones para eliminar riesgos y optimizar el éxito de todas las partes implicadas.
Escuelas de movilidad
Especialmente importante es la formación. Por un lado, el sistema formativo español adolece de suficiente flexibilidad para crear puentes formativos y microacreditaciones que sean accesibles y compatibles con la situación de quien necesita trabajar desde el primer día. Es preciso un cambio legislativo para diseñar nuevos modelos en cooperación con las ONG socioeducativas y las empresas.
Por otra parte, habría que ser capaz de hacer algo a lo que nadie se atreve: formar en origen. Habría que crear “Escuelas de Movilidad” en las que se forme a la gente en sus países de origen o tránsito –por ejemplo, en las fronteras afroespañolas–, se ayude a reflexionar en torno al proyecto migratorio y se asesore sobre los trámites. Así, se puede preparar a la gente para el salto, aumentar la cualificación del flujo migratorio, seleccionar los perfiles con mayor empleabilidad, y hacer un acompañamiento social desde el inicio. Aquí reside no solo la gran capacidad de prevención de riesgos, sino la mejor forma de optimizar la integración social y cultural.
Requiere colaboración de la Cooperación Española, Educación y Servicios Sociales, en colaboración con la patronal, los sindicatos y el tercer sector. Se podría hacer un programa piloto desde alguna comunidad autónoma valiente allí de donde probablemente vendrá más gente en la próxima década: Centroamérica.
