El inicio del curso escolar siempre trae consigo un ambiente cargado de expectativas, la rutina echa a andar entre la ilusión de los reencuentros de los alumnos y la urgencia innegable de afrontar retos tanto nuevos como antiguos.
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Algo que saben bien en la enseñanza concertada de iniciativa social, y más concretamente en la escuela católica, es que esta vuelta a clase no es solo un proceso pedagógico, sino también un ejercicio de supervivencia y reivindicación.
Y es que la realidad financiera de estos centros es, de hecho, el núcleo de un debate que se reaviva, especialmente, cada mes de septiembre. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, sentencia con claridad que “el actual concierto educativo es a todas luces deficitario”.
“Los fondos públicos asignados no cubren los gastos básicos de funcionamiento, tales como la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones o los suministros básicos de luz y calefacción”, explica a ‘Vida Nueva’. Este “déficit estructural crece año tras año, agravado por el aumento del coste de la vida”, denuncia.
Las familias, el sostén
Ante “esta asfixia económica”, los centros se ven abocados a recurrir a las aportaciones voluntarias de las familias para poder sostener sus proyectos educativos. Estas aportaciones, lamenta, a menudo se perciben socialmente como cobros obligatorios, lo que “alimenta una narrativa injusta que acusa a la escuela concertada de realizar una selección de su alumnado en base a su capacidad económica”.
En este sentido, Centeno diferencia la realidad de la concertada de inspiración religiosa de las prácticas de ciertas sociedades mercantiles que sí incurren en cobros obligatorios o imponen “packs” complementarios que carecen de voluntariedad. Escuelas Católicas denuncia firmemente esas prácticas irregulares y critica que ciertos informes mediáticos mezclen situaciones dispares, generando percepciones sesgadas y estigmatizando a una mayoría de centros que no actúan bajo esos parámetros mercantiles.
Para él, “esta estigmatización no es casual, sino que responde a una radicalización muy interesada del debate público en contra de la escuela concertada”, a la que a menudo se dibuja como un entorno elitista y puramente mercantilista. Desde Escuelas Católicas se rechaza categóricamente que la red concertada suponga un ataque a la escuela pública.
Alumno en el colegio Santa María del Pilar (Zaragoza), de los marianistas. Foto: Archivo Vida Nueva
Por el contrario, denuncian que son ciertos sindicatos y sectores fuertemente ideologizados los que “reaccionan de manera beligerante contra cualquier iniciativa que suponga una mejora para la enseñanza concertada”.
Centeno indica que desde que la ley pasó de hablar de “centros estatales” a “centros públicos”, el cambio de lenguaje ha favorecido la construcción de un relato hegemónico según el que lo público es sinónimo de “lo de todos”, relegando lo privado o concertado a la categoría de excluyente.
Sin embargo, la presencia de entidades religiosas en el ámbito de la educación debe ser entendida como una “garantía fundamental de pluralismo educativo y de libertad de elección para las familias españolas”. Y es que, la concertada no tiene la pretensión de eliminar a la escuela pública, sino de coexistir pacíficamente con ella para ampliar el abanico de opciones disponibles.
Para Centeno, es una cuestión de “derechos civiles elementales”: las familias deben tener la posibilidad real de elegir aquellos proyectos educativos que estén verdaderamente alineados con sus convicciones y valores.
De hecho, si desapareciera la escuela concertada, se produciría una enorme brecha de equidad, ya que solamente las familias más pudientes tendrían la capacidad económica para elegir proyectos educativos privados, mientras que las clases medias y bajas quedarían inexorablemente restringidas a la red estatal.
Convivir con la pública
Para él, “defender la escuela pública debería centrarse en mejorar sus propias prácticas docentes y de gestión, y no en intentar eliminar a la competencia o cercenar la capacidad de elección de aquellas familias que cuentan con menos recursos económicos”.
Pero esto no es todo. Centeno señala que a las dificultades ideológicas y de estigmatización se suman “las presiones derivadas de las nuevas normativas gubernamentales que no vienen acompañadas de respaldo financiero”.
Un ejemplo paradigmático de esta situación son los recientes mandatos para instalar sistemas de climatización o aire acondicionado en las aulas, ya que resulta inviable para los centros asumir esta carga económica sin una actualización previa del módulo económico y sin que las subvenciones específicas se hagan extensivas a la red concertada.
Así, la administración, denuncian desde el sector, “juega con cartas marcadas”, favoreciendo exclusivamente a su propia red y dejando a la intemperie a unos centros concertados que también prestan un servicio público de vital importancia.
Alumnos del colegio Divina Pastora de Toledo. Foto: EFE
La viabilidad del modelo no solo está amenazada por la infrafinanciación de los gastos operativos, sino también por dinámicas demográficas insoslayables como la baja natalidad, que ha llevado a un debate sobre la reducción de las ratios de alumnos por aula. Aunque tener menos alumnos por clase puede reportar ciertos beneficios pedagógicos, una reducción drástica puede tener efectos ambiguos.
Bajar las ratios
Para Escuelas Católicas esto es un inconveniente. Además, existen expertos que cuestionan que bajar demasiado las ratios produzca mejoras sustantivas en el rendimiento académico en determinados tramos educativos, advirtiendo que puede perjudicar el trabajo colaborativo e inhibir el efecto de “arrastre” positivo que ejerce el alumnado excelente sobre sus compañeros.
Desde el punto de vista económico, el impacto de las aulas vacías es indudablemente negativo para los centros concertados, ya que la disminución de estudiantes recorta drásticamente los ingresos extraordinarios derivados de conceptos como libros, uniformes o actividades complementarias, agravando aún más los déficits acumulados.
Ante este panorama, proponen soluciones razonables para evitar la pérdida de empleo como duplicar las ratios de los especialistas y equiparar los recursos de apoyo a los que dispone la enseñanza pública.
Los estudiantes del colegio San José (Villafranca, Badajoz), de los jesuitas. Foto: Archivo Vida Nueva
Esta vertiente laboral y humana de la crisis financiera de la concertada la conoce bien Enrique Ríos, secretario general de FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza), quien advierte de que hablar de la financiación de la concertada de iniciativa social trasciende la mera viabilidad contable de las instituciones.
Por ello pide, en conversación con esta revista, poner sobre la mesa la gratuidad real del sistema, de la calidad educativa que se imparte en las aulas y de “las condiciones laborales de miles de trabajadores que se dejan la piel prestando el servicio público de la educación”.
Ya que la Ley Orgánica de Educación (LOE) es diáfana al establecer que el servicio público educativo se presta a través de ambas redes, pública y privada concertada, determinando que los fondos públicos deben ser suficientes para hacer efectiva la gratuidad total de las enseñanzas concertadas.
Para él, “existe una relación directa e inseparable entre la gratuidad exigida y la financiación suficiente aportada”, por lo que resulta un contrasentido exigir a las instituciones titulares que garanticen una enseñanza cien por cien gratuita si la administración no se molesta en determinar con el necesario rigor técnico cuánto cuesta realmente prestar dicho servicio.
Infrafinanciación
Y es que la opacidad en torno al coste del puesto escolar esconde una profunda desigualdad. Diversos estudios académicos independientes han demostrado de manera reiterada que la financiación del Estado que recibe un alumno de la concertada se sitúa muy por debajo de la que percibe un alumno de la red pública.
Desde la perspectiva de los trabajadores, la asfixia económica tiene consecuencias palpables en su día a día. Una financiación insuficiente bloquea cualquier posibilidad de mejorar las condiciones laborales del colectivo del personal de administración y servicio, que es imprescindible.
En las aulas, la falta de recursos y especialistas se traduce en un desgaste enorme para los docentes. Centeno alerta de que el aumento de estudiantes con necesidades específicas, como aquellos diagnosticados con TDAH u otros trastornos de la personalidad, requiere la incorporación urgente de especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y orientación educativa.
Un profesor ordinario no puede, material ni humanamente, atender de manera simultánea al grupo general de la clase y a los casos de alta complejidad si no cuenta con un apoyo dedicado y especializado en el aula.
