La reciente publicación de la llamada ‘Declaración 2026 por una escuela pública y laica’, que plantea la salida de la religión del sistema educativo y cuestiona el modelo de conciertos, ha provocado la reacción de Escuelas Católicas (EC). La institución, que agrupa a miles de centros concertados en España, ha querido fijar posición en defensa de lo que considera tres pilares irrenunciables: la pluralidad, la libertad de enseñanza y el derecho de las familias a elegir la educación que desean para sus hijos.
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En un contexto de creciente debate sobre el papel de la religión en la escuela y el futuro de la enseñanza concertada, Escuelas Católicas advierte de que el manifiesto promueve “una concepción de laicidad que, lejos de garantizar la neutralidad del Estado, deriva en un laicismo excluyente”. A su juicio, se estaría confundiendo la aconfesionalidad constitucional —reconocida en la Carta Magna— con la eliminación de toda dimensión religiosa del espacio educativo.
“Una escuela verdaderamente pública —entendida como servicio a la sociedad— no es la que silencia la dimensión espiritual del ser humano, sino la que asegura que todas las convicciones pueden expresarse en un marco de respeto y convivencia”, asevera la entidad.
Según Escuelas Católicas, en el trasfondo de esta cuestión no solo está la asignatura de Religión, sino el modelo educativo que se quiere para el país. Por eso, la pretensión de generar un supuesto “vacío religioso” en las aulas no es sinónimo de neutralidad. Es, más bien, un empobrecimiento.
“La religión forma parte de nuestra tradición cultural, histórica y ética”, subrayan. Su presencia en la escuela, defienden, contribuye a una comprensión más profunda de la persona y de la sociedad. Reducir la educación a la mera transmisión de contenidos académicos, sin referencia alguna a la dimensión trascendente, implica ofrecer “una visión parcial de la realidad” y limitar el desarrollo integral del alumno.
En este punto, la institución pone el acento en un concepto que atraviesa todo el debate educativo: la libertad de enseñanza. Recuerdan que no se trata de una concesión del Estado, sino de “un derecho fundamental, reconocido en la Constitución española”. Y ese derecho se concreta, entre otras cosas, en la posibilidad de que las familias puedan elegir un proyecto educativo coherente con sus convicciones. No es, insisten, un monopolio estatal. El Estado está llamado a garantizar esa libertad, no a restringirla.
El papel del docente y la dimensión vocacional
Escuelas Católicas también rechaza una concepción del profesorado como mero ejecutor de contenidos “asépticos”. Frente a esa visión tecnocrática, reivindica al docente como testigo y acompañante. “Defendemos la figura del maestro como alguien capaz de acompañar al alumno en la búsqueda de la verdad y del sentido”, señalan. Expulsar la religión del ámbito educativo, sostienen, supone despojar al profesor de esa dimensión vocacional que va más allá de la instrucción.
Por otro lado, la patronal señala que “cuestionar la financiación de los centros concertados supone, en la práctica, convertir la libertad educativa en un privilegio para quienes pueden asumir el coste de la enseñanza privada”.
Y es que, tal como recuerdan, el sistema de conciertos, recuerdan, permite que miles de familias —independientemente de su renta— accedan a un modelo educativo que integra fe, cultura y compromiso social. Atacar ese modelo, sostienen, no fortalece la igualdad, sino que “debilita el pluralismo democrático”.
La defensa de la religión en la escuela, subrayan, no responde a una reivindicación corporativa ni a la protección de intereses propios. Es, según su planteamiento, una defensa del derecho de las familias, de la pluralidad social y de una educación verdaderamente integral.
En un momento en que el debate público tiende a polarizarse, Escuelas Católicas insiste en que una sociedad madura no teme la diferencia. Por eso, concluyen, seguirán trabajando “por un sistema educativo en el que convivan proyectos diversos”, convencidos de que la libertad de enseñanza y el respeto a las convicciones forman parte esencial de un Estado verdaderamente plural.
