Bladimir Martínez: “Ante la transición energética, las decisiones no se pueden tomar exclusivamente desde el norte”

Manos Unidas está preparando estos días su Campaña 2025. Bajo el lema ‘Compartir es nuestra mayor riqueza’, han traído estos días a España a varios de los agentes locales con los que trabajan en numerosos contextos de vulnerabilidad para reflexionar juntos “sobre la prosperidad compartida como base para luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad”.

Uno de ellos es el laico peruano Bladimir Martínez, miembro del Área Socioambiental la Red Muqui, que atiende a Vida Nueva tras su paso por la sede central de la entidad eclesial en Madrid.

Impacto minero

PREGUNTA.- ¿Quién es Bladimir Martínez y qué papel desempeña la Red Muqui en el objetivo de que Perú sea más respetuoso con todos sus territorios y con las comunidades originarias?

RESPUESTA.- Desde 2023, coordino el proyecto ‘Acompañamiento a comunidades y organizaciones sociales de base afectadas por la minería en el Perú’, apoyado por Manos Unidas. Este proyecto ofrece talleres destinados a fortalecer las capacidades de miembros y líderes de comunidades originarias y de poblaciones afectadas por la minería.

Durante estos talleres, se proporcionan herramientas prácticas, como la identificación de las áreas mineras. El objetivo es aprender a reconocer y localizar zonas donde se realizan actividades mineras en territorios comunales y urbanos. También trabajamos la interpretación de documentos relevantes para facilitar la comprensión de información técnica y legal.

Otro pilar es la formación para poder ser portavoces. Así, entrenamos a los participantes para que puedan representar y defender sus derechos colectivos e individuales. Adicionalmente, se brinda acompañamiento legal para apoyar la defensa de los derechos de las comunidades.

Con estas herramientas, y en colaboración con la Red Muqui, se impulsa la incidencia ante autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, con el fin de promover medidas que protejan los territorios y derechos de estas comunidades. Además, el proyecto desarrolla campañas comunicacionales y acciones de incidencia a nivel internacional para abordar la problemática desde múltiples frentes.

P.- Aunque se ensalzan las energías renovables, estas se encuadran en un mercado creciente que acaba favoreciendo el extractivismo. El litio, el grafito, el cobalto o el níquel, por este orden, son los materiales más demandados hoy para las baterías de los coches eléctricos… Mientras que a su vez nos encontramos con que la generación de energía fotovolcaica requiere ocho veces más mineral que la de gas o que el vehículo eléctrico consume seis veces más minerales que uno convencional… ¿Las grandes multinacionales nos están engañando con la llamada ‘transición verde’?

R.- Desde la Red Muqui consideramos que la transición energética debe analizarse de manera crítica. Si bien la adopción de energías renovables y vehículos eléctricos constituye una respuesta necesaria ante la crisis climática, es innegable que este cambio ha incrementado significativamente la demanda de minerales como el cobre, el litio, el grafito, el cobalto o el níquel, entre otros. Este aumento en la demanda favorece al extractivismo, que puede generar impactos negativos en las comunidades y en la Madre Tierra.

Nuestra postura no es ni a favor ni en contra de la transición, sino de realizar un análisis integral de la realidad. Creemos firmemente que es imprescindible evaluar los efectos en las zonas donde se implementa la transición, como en aquellos donde realiza la extracción de minerales necesarios para la misma, especialmente en Perú y otros territorios de Latinoamérica.

Resulta importante destacar que existen sectores de poder que niegan el cambio climático y, con ese discurso, promueven el rechazo a la transición energética para favorecer la industria del petróleo. De igual forma, hay quienes impulsan la transición con el fin de aumentar la comercialización de vehículos eléctricos, presentándola como la única solución a la crisis climática.

Ante ambas posiciones contrapuestas, sostenemos que las comunidades originarias y las poblaciones ubicadas en zonas de extracción de minerales e hidrocarburos deben formar parte integral de la discusión global, de manera que las decisiones no se tomen exclusivamente desde el norte global, evitando así la expansión de las llamadas zonas de sacrificio.

En resumen, la transición verde es un proceso complejo que, para ser verdaderamente sostenible, debe incorporar un enfoque crítico sobre los métodos extractivos, promoviendo alternativas y asegurando que todas las voces, especialmente las de quienes se ven directamente impactados, sean escuchadas.

Presión sobre América Latina

P.- Otra consecuencia social y económica, además de ambiental, es que este mercado global ejerce una gran presión sobre América Latina, que aporta, por ejemplo, el 61% de las reservas de litio a nivel mundial. ¿Cuál es la situación en Perú?

R.- En la provincia de Carabaya, al sur del Perú, se han identificado concentraciones significativas de litio; aunque aún no se ha confirmado la magnitud exacta de las reservas, se estima que podrían ser considerables. Hasta la fecha, no existe extracción de litio en el Perú, pero se ha identificado un yacimiento de origen volcánico en el que coexisten litio y uranio, este último un mineral radioactivo.

Durante varios años, la empresa titular de origen canadiense Macusani Yellowcake negó la coexistencia de estos minerales. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que ambos elementos están presentes en el yacimiento de litio. En consecuencia, cualquier iniciativa para extraer litio en Puno deberá contemplar y mitigar los posibles impactos asociados a la presencia del uranio, lo que añade una complejidad adicional a la situación peruana, considerando también la ausencia de normativa para la extracción de minerales radioactivos.

Cabe destacar que, en los últimos años, estos proyectos han ganado notable protagonismo en los medios de comunicación, impulsados por el creciente interés de países del norte global en el litio.

P.- Muchos pueblos indígenas sufren graves impactos socioambientales y económicos en su tierra. ¿En qué modo pueden oponerse a grandes proyectos mineros que, directa o indirectamente, favorece la Administración?

R.- Las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en Perú han desarrollado diversas herramientas de resistencia para ejercer su derecho a decidir sobre el destino de sus territorios. Un ejemplo emblemático es el uso de las consultas vecinales populares, mecanismo mediante el cual se ha intentado frenar o rechazar proyectos mineros.

En 2007, en Arequipa, se realizó una consulta vecinal contra el proyecto de Cobre Tía María, promovido por la mexicana Southern Copper Corporation, en la que más del 90% de la población se opuso al proyecto. De manera similar, en 2002, en la región de Piura se llevó a cabo otra consulta popular contra el proyecto Río Blanco, actualmente propiedad de la empresa china Zijin Mining Group, donde también se obtuvo un rechazo popular superior al 90%.

Cabe destacar que, en los últimos años y especialmente bajo el Gobierno actual de Dina Boluarte, se ha intensificado la presión para impulsar el proyecto Tía María en Arequipa. Este proyecto resulta aún más relevante dada la importancia del cobre, mineral clave para la transición energética, lo que añade un componente estratégico a la decisión de avanzar con su explotación, a pesar de la contundente oposición popular expresada en las consultas.

Estos ejemplos evidencian la tensión existente entre la voluntad de las comunidades y las iniciativas estatales y empresariales, que a menudo priorizan intereses económicos y políticos sobre el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios.

P.- ¿Cómo acompañan a los pueblos indígenas y campesinos en la defensa legal de su territorio, haciendo que la Administración reconozca que el espacio donde viven desde tiempos ancestrales, efectivamente, les pertenece?

Acompañamiento jurídico

R.- La Red Muqui se encuentra conformada por 32 organismos no gubernamentales que conjuntamente despliegan diversas acciones legales en favor de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería.

Entre ellas, destacan las acciones legales. Se presentan demandas de amparo que exigen el respeto al derecho a la consulta previa en todas las etapas de los proyectos mineros, lo que resulta fundamental para que el Estado reconozca la titularidad ancestral de los territorios. Luego, hay un acompañamiento ante las denuncias: se brinda asesoramiento y respaldo legal a pobladores que han sido denunciados por el Estado o empresas mineras por ejercer su legítimo derecho a la protesta contra proyectos mineros.

Otro aspecto es la protección de los derechos colectivos e individuales: se desarrollan otras iniciativas orientadas a garantizar y hacer valer el respeto a los derechos de las comunidades, fortaleciendo su capacidad para reclamar el reconocimiento de sus territorios.

Estas acciones, que abarcan desde la representación legal hasta la capacitación en derechos, permiten a las comunidades no solo defender su territorio, sino también impulsar el reconocimiento de que el espacio donde han vivido desde tiempos ancestrales les pertenece legítimamente.

P.- ¿Hasta qué punto es esencial ese trabajo en red con otras plataformas sociales y cuál es el papel que desempeña Manos Unidas en esa alianza?

R.- El trabajo en red es esencial para la defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. En este contexto, Manos Unidas juega un rol estratégico al proporcionar el respaldo financiero que facilita la acción coordinada, mientras que la Red Muqui se organiza como una plataforma que articula a diversos actores de la sociedad civil. Esta sinergia potencia la incidencia en la defensa tanto de los derechos de la población como los derechos de la Madre Tierra para que las demandas de las comunidades sean escuchadas a nivel nacional e internacional.

Implicación eclesial

P.- En su lucha diaria, ¿la fe desempeña algún papel? ¿Considera que la Iglesia local está comprometida con esta necesaria causa?

R.- Aunque el posicionamiento de la Iglesia puede variar según el contexto, en muchos casos ha demostrado un compromiso real con la defensa de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos, colaborando en iniciativas de justicia social y ambiental. En nuestros orígenes éramos grupos pastorales y de laicos de la Iglesia católica, organismos de derechos humanos y medios alternativos, que tomamos el camino como acompañantes de la población y sus organizaciones.