El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España considera cierto que el sacerdote Ángel E. Sánchez Cao abusó de menores en el Seminario de La Bañeza en 1980. No obstante, aunque la Iglesia admite los hechos imputados al presbítero de la diócesis de Astorga, le permite seguir ejerciendo el ministerio con alguna limitación.
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En concreto, se le prohibe ejercer cargos que impliquen el contacto esporádico o habitual con menores de 18 años hasta el cumplimiento de los 80 años y se le revoca, por el mismo tiempo, la facultad de oír habitualmente confesiones, según el c. 974 par. 1, salvo en los casos previstos en el c. 976.
El fallecido obispo Juan Antonio Menéndez fue el encargado de tramitar las dos denuncias contra el sacerdote, la primera en febrero de 2017 y la segunda en enero de 2019. Tras esta última, el prelado consideró la denuncia como “fundada” y ordenó la apertura de una investigación preliminar que permitiera esclarecer los hechos, decidiendo además, como medida cautelar, apartarle de las parroquias y del ejercicio público del ministerio, así como prohibirle mantener contacto con menores y con la propia víctima.
Denunció a una víctima por calumnias
Sin embargo, el cura siempre ha defendido su inocencia, apoyado por sus parroquianos, y ha recalcado en diferentes ocasiones que ni siquiera conoce a las víctimas. De hecho, Sánchez Cao llegó incluso a denunciar a una de sus víctimas por injurias y calumnias, pero el juez desestimó la causa.
Según ha informado hoy la diócesis en un comunicado, “está comprometida en la lucha contra los abusos sexuales, de poder y conciencia, así como en la protección de los menores y personas en situación de vulnerabilidad, tomando todas las medidas necesarias para la prevención de estas situaciones y de actuación cuando se han tenido noticias de hechos tan execrables”.
Y continúa el mismo texto recordando que “esta Iglesia particular lamenta profundamente estos hechos y reitera su petición de perdón por el grave daño causado a las víctimas en su desarrollo humano y cristiano. Al mismo tiempo muestra su respeto y acatamiento de las resoluciones canónicas, reitera su compromiso de apoyo a las víctimas dentro del marco normativo establecido, y se afianza en su propósito de seguir trabajando activamente para que los espacios eclesiales sean lugares seguros”.
Por otro lado, desde enero de 2019 el sacerdote José Manuel Ramón Gordón, también acusado por ex alumnos de La Bañeza, cumple su condena: vivir durante diez años en un monasterio fuera de Astorga.
