Viernes 17 horas. Una multitud mayor a días anteriores se reúne en Plaza Baquedano y sus calles adyacentes de Santiago. La escena se repite en varias ciudades. Los manifestantes siguen protestando, a pesar de la oferta de mejoras económicas ofrecidas por el presidente Piñera. Bocinas y cacerolas siguen escuchándose en las calles.
Raíces de esta violencia
En su reciente declaración, los obispos reiteran sus dichos de días antes: “junto con condenar la violencia, dijimos también que ‘tenemos que hacernos cargo de entender las raíces de esa violencia y trabajar con urgencia para prevenirla, detenerla y generar formas pacíficas de hacerse cargo de los conflictos’”. Ahora agregan que “Chile necesita levantarse desde la humildad y la generosidad mediante un diálogo constructivo y mayoritario, propio de la democracia, dejando de lado toda violencia, venga de donde venga”.
La noche que Piñera pidió perdón por su falta de visión y por no haber sido capaz de reconocer la gravedad de los hechos, anunció también una larga lista de medidas económicas, en lo que llamó Agenda Social. Muchos la consideran paliativos insuficientes para la magnitud de la crisis.
Los obispos confían “que la agenda social se pueda ir construyendo con amplia participación ciudadana. La ciudadanía espera altura de miras de todos sus líderes, y sólo el diálogo fundado en una auténtica amistad cívica podrá superar las legítimas diferencias entre sectores, lo cual contribuirá a la pacificación de los ánimos”.
Similar diagnóstico ofrece el Consejo Académico Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile: “un modelo de sociedad que reduce a las personas a ser meros consumidores estimula una competitividad sin freno, incluso fuera del ámbito económico, que acaba por producir una masa de “descartados” o “desechables”. El bien individual ha prevalecido por sobre el bien común con una secuela de corrupción en todas las instituciones fundamentales de la sociedad y del estado de derecho democrático, incluida la Iglesia, tristemente. En distintos grados, nadie puede quedar eximido de responsabilidad en una debacle que viene gestándose desde hace décadas”, afirman en una declaración hecha pública hoy.
Diálogo constructivo
Agregan que “es el momento de que todos nos hagamos responsables por la construcción del bien común y aportemos como académicos al dialogo constructivo y la búsqueda de soluciones creativas que permitan salir de la crisis con la esperanza de hacer realidad la instauración de un cielo y una tierra nueva para el país”, dicen los académicos.
Coinciden con estos planteamientos, centros de estudios y destacadas personalidades políticas, artísticas, culturales y líderes sociales. Hasta ahora sin un espacio con autoridad moral en el que confluyan para satisfacer las demandas ciudadanas.
Los obispos señalan que “es hora de pasar de la preocupación a la acción y a la validación y creación de escenarios que nos permitan entender los cambios que ha experimentado la sociedad chilena, de manera que las instituciones puedan estar al servicio del bien común, desde las complejas y nuevas realidades que caracterizan a la sociedad de hoy. Es hora de mirar con verdad, a rostro descubierto, nuestras riquezas y éxitos, y nuestros conflictos y fracasos”.
Números escalofriantes
La presencia militar es reconocida para controlar los excesos de violencia, aunque ha sido cuestionada, no sólo su presencia en las calles evocando para muchos la época de la dictadura, sino también por excesos y abusos cometidos por algunos de sus integrantes.
El Instituto Nacional para los Derechos Humanos reportó hasta ayer 2.138 personas detenidas, 1.240 de ellas en regiones. Además 173 lesionados por armas de fuego; de los 18 muertos, acusan que 5 de ellos fueron a manos de agentes del Estado; han presentado 44 procedimientos judiciales 9 de ellos por casos de mujeres detenidas forzadas a permanecer desnudas.
El mismo Piñera se comunicó con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta Michelle Bachelet, para concretar la visita de una misión que investigará posibles violaciones a esos derechos cometidos durante el estado de emergencia. La misión llegará a Santiago el próximo lunes y permanecerá 4 semanas visitando diversas regiones del país.
