En entrevista para Vida Nueva, la coordinadora de ese organismo del episcopado, Zaira Rosales, asegura que los esfuerzos deben ser “expresión concreta de la misión de la Iglesia y de su compromiso” con las personas de mayor vulnerabilidad
V Encuentro Nacional de Responsables de las Comisiones de Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Foto: CEM
La coordinadora general de la Oficina Nacional de Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Zaira Noemi Rosales Ortega, aseveró que “la cultura del cuidado y el buen trato” no debe ser solamente un discurso o un conjunto de protocolos.
En entrevista para Vida Nueva, la psicóloga Zaira aseguró que los esfuerzos deben ser “expresión concreta de la misión de la Iglesia y de su compromiso” con las personas de mayor vulnerabilidad.
Recientemente tuvo lugar el V Encuentro Nacional de Responsables de las Comisiones de Protección de Menores y Adultos Vulnerables, cuyo objetivo, compartió Zaira, fue fortalecer la capacidad institucional y pastoral de las Comisiones Diocesanas y Religiosas de Protección de Menores y Adultos Vulnerables.
Para tal fin -añadió- se tuvo “el intercambio de experiencias, la formación especializada y la construcción de criterios comunes de actuación, orientados a la prevención, la cultura del cuidado, la justicia y la respuesta ante las distintas formas de abuso”.
Todo ello -dijo- tiene “el propósito de favorecer la consolidación de comunidades eclesiales seguras y resilientes, así como la articulación de redes de colaboración entre las provincias eclesiásticas, las diócesis, los institutos de vida consagrada y el Consejo Nacional de Protección de Menores”.
Al referirse a los avances de la Iglesia en México en torno a la atención de menores víctimas de abuso, manifestó: “se ha trabajado continuamente en la organización institucional y el fortalecimiento de las capacidades para atender esta problemática“.
V Encuentro Nacional de Responsables de las Comisiones de Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Foto: Pontificia Comisión para la Protección de Menores
Destacó que actualmente, las diócesis cuentan con un responsable o un equipo delegado para atender los asuntos relacionados con la protección de menores, a través de sus respectivas comisiones diocesanas.
Entre sus funciones -dijo- se encuentran la recepción y canalización de denuncias ante las instancias eclesiásticas y civiles competentes, así como la promoción de políticas de prevención y de una cultura del buen trato.
En tanto, señaló, los institutos de vida consagrada han avanzado en la capacitación de sus integrantes y en la conformación de equipos responsables, con el acompañamiento de los obispos diocesanos, los gobiernos generales, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la CEM.
Para la coordinadora general de la Oficina Nacional de Protección de Menores, “un paso significativo ha sido la conformación, en 2018, del Consejo Nacional de Protección de Menores, iniciativa de los obispos, como una instancia que, desde el principio de subsidiariedad, impulsa y acompaña los esfuerzos de protección en la Iglesia en México”.
De igual modo, los cinco encuentros nacionales que se han realizado “son una expresión de este proceso: cada año se reúnen obispos, responsables de las diócesis y de los institutos de vida consagrada para formarse con expertos nacionales e internacionales, compartir experiencias, fortalecer sus capacidades y construir criterios comunes de actuación”.
“Estos avances nos recuerdan que todavía hay mucho por hacer. La consolidación de estructuras y equipos debe traducirse en una atención cada vez más oportuna, cercana, profesional y sensible a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, además de acciones preventivas para las comunidades”, añadió.
La psicóloga Zaira dejó en claro que la protección de menores y adultos vulnerables “no puede entenderse únicamente como una respuesta ante los casos de abuso. A lo largo de estos años se ha buscado consolidar una red de trabajo y colaboración que busca ofrecer respuestas más oportunas y eficaces”.
Lo anterior implica acoger a las víctimas y a quienes denuncian, “fortaleciendo los mecanismos de atención y acompañamiento, esclareciendo los procedimientos penales canónicos, colaborando con las autoridades del Estado mexicano y promoviendo la prevención mediante procesos de formación y acciones concretas”.
El desafío -sostuvo- es que estos esfuerzos “se traduzcan en una verdadera transformación de nuestras comunidades, de nuestras relaciones y de nuestras prácticas institucionales”.
