Intervención de Ueno Bank en Paraguay. Foto: EFE
Paraguay vive una de las peores crisis de su historia. Todo después de que, este miércoles 4 de noviembre, se confirmara que Ueno Bank, el mayor banco digital del país, fuera intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) al ratificar que su coeficiente de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido por la ley.
La primera consecuencia ha sido que, en una nación que cuenta con seis millones de habitantes, la mitad, en torno a tres millones, han visto cómo su tarjeta de Ueno Bank ha sido cancelada. Es decir, que no pueden acceder a sus ahorros y que, si tratan de ir a alguna sucursal física de la entidad, se encuentran con que está cerrada.
Una crisis total que recuerda a la que, salvando las distancias, se vivió en Argentina en diciembre de 2001, ante lo que se conoció como el “corralito” y que llevó a protestas masivas al ver millones de ciudadanos cómo no podían acceder a sus ahorros depositados en los bancos.
Si entonces la catarsis acabó con la icónica imagen del presidente Fernando de la Rúa dimitiendo y sobrevolando la Plaza de Mayo de Buenos Aires en helicóptero, mientras abajo morían 30 personas por las cargas policiales, en Paraguay también se ha dado la misma consecuencia a nivel político.
Fue ayer, jueves 5, cuando el mandatario, el derechista Santiago Peña, anunció su renuncia. Eso sí, el Congreso no se la ha aceptado aún porque ha iniciado un proceso parlamentario para dirimir sus responsabilidades, ya que él fue accionista de Ueno Bank hasta el año pasado y buena parte de los ahorros del propio Estado estaban depositados en la entidad ahora caída en desgracia.
Pese a los insistentes rumores que sostenían que Peña estaría huyendo a Argentina, él mismo ha aclarado que sigue en la capital, Asunción, y que participará plenamente en el proceso parlamentario que se le ha abierto.
Queridos compatriotas:
Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.
Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República.
Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.
Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley.
Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas.
Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra.
Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas.
Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas.
Que Dios bendiga al Paraguay.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
En estas horas de máxima tensión, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), ya antes de conocerse la dimisión del presidente, publicó un rotundo comunicado en el que mostró “nuestra cercanía a las personas y familias afectadas”.
Lamentando que “miles de personas se quedaron sin acceso a su dinero”, ha puesto rostro a ese drama y ha subrayado que quedan en suspenso “el sueldo del trabajador, la jubilación del abuelo, la caja del pequeño negocio, el ahorro de toda una vida”.
Y es que, detrás de cada depósito, “hay esfuerzos, planes y esperanzas que deben ser respetados”. De ahí su abrazo desde el alma, diciéndoles a todos que “no están solos”.
Desde la certeza de que “el dinero y las finanzas deben estar siempre al servicio de la persona y del bien común”, se rechaza con fuerza “toda forma de delito financiero y todo uso indebido de recursos públicos o privados”, pues “dañan a las personas, destruyen la confianza y lesionan el bien común”.
Como deploran los obispos, “hubo advertencias que no fueron escuchadas a tiempo y, como tantas veces, los que más sufren son los más pequeños”.
De ahí su exigencia clara, en primer lugar, de que “los vulnerables y pequeños” sean resarcidos. Lo que pasa por que “jubilados, trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores recuperen pronto su dinero, sin trámites ni esperas innecesarias, con especial ayuda a los adultos mayores”.
El siguiente paso ha de anclarse en “la transparencia” y consiste en “que se informe con claridad cuánto dinero del Estado estaba en este banco y cómo se va a proteger, con participación de las partes interesadas. Ese dinero es del pueblo”.
La última acción apela a la “justicia” y a que no haya “impunidad”. Algo que s traduce en que “el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y el propio Banco Central investiguen a fondo, sin importar cargos ni cercanías al poder. Que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y, si se comprueban, se apliquen las sanciones que manda la ley y se repare el daño causado”.
Para ello, se apela a la necesidad urgente de “una ciudadanía atenta”. Así, “invitamos a todos a seguir de cerca las decisiones de las autoridades, con responsabilidad y respeto, para que la verdad salga a la luz”.
Puesto que “la corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en el Paraguay”, los prelados piden “a nuestras parroquias que acompañen a los afectados y los ayuden con los trámites. Y, a todos, que no entreguen sus claves a nadie que prometa ‘recuperar’ su dinero”.
El último anhelo es que esta prueba nacional sea superada y entre todos se construya “un país más justo, donde los vulnerables sean siempre los primeros”.
He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.
Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
Hace unos minutos, Peña ha indicado en sus redes sociales que “he pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas”.
“Para el residente dimisionario, “eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”.
