Ante la Cumbre del Clima de la ONU (COP 31) que se celebra en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre, la Iglesia española ha hecho público hoy un mensaje en el que busca interpelar “a los gobiernos y a la ciudadanía”
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Como ya ocurriera el año pasado, la fuerza del texto radica en buena parte en que está firmado por diferentes entidades: el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Enlázate por la Justicia (que integra a Cáritas Española, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas, REDES y CEDIS), el Movimiento Laudato Sí’ y 21 diócesis, así como otras entidades eclesiales locales. Además, en otro gesto cargado de fuerza, se suman al manifiesto dos instituciones civiles como ECODES y Greenpeace España.
Acción inmediata, verificable y financiada
El fundamento de la misiva es reivindicar que “la era de la implementación exige acción inmediata, verificable, financiada y con rostro humano”. Al reivindicar muchos que, efectivamente, esta ha de ser “la COP de la implementación”, se insiste en que “el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son un solo e inseparable clamor”.
Eso también pasa por advertir “sobre la creciente brecha entre las promesas diplomáticas y la realidad en los territorios: los impactos climáticos son cada vez mayores y, sin embargo, la ambición climática se ve amenazada”.
Por tanto, “exigimos que la cumbre de Antalya no se diluya en debates procedimentales, sino que concrete financiamiento real y adopte decisiones vinculantes que pongan en el centro la dignidad humana, la justicia climática y la rendición de cuentas”.
“Tres exigencias irrenunciables”
Algo que conlleva “tres exigencias irrenunciables”, siendo la primera “la rendición de cuentas estricta”, con “planes nacionales auditables y otros para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, así como inventarios transparentes de subsidios a los combustibles contaminantes”.
Lo segundo es, en clave de “derechos humanos y transición justa”, asegurar “la protección integral de los defensores socioambientales” o “el trabajo digno”. La última clave es instaurar “una justicia financiera sin deuda”, con “el financiamiento público mediante subvenciones (donaciones), la reparación de pérdidas y daños y con instrumentos de condonación de deuda”.
Teniendo siempre a “la ciencia como fundamento de las decisiones climáticas”, se pide avanzar hacia “el fin definitivo de los combustibles fósiles”. Una senda que ha de conllevar “un calendario vinculante para el abandono progresivo del carbón, el petróleo y el gas, sin depender de falsas soluciones tecnológicas”.
“No se puede dejar la transición a merced del mercado”
Y es que “no se puede dejar la transición a merced del mercado ni seguir financiando nuestra propia destrucción con subsidios públicos”. En ello, una vía clave puede ser “la electrificación 100 % renovable”, pues “la transición energética debe fundamentarse exclusivamente en fuentes renovables descentralizadas y en la eficiencia energética, para acelerar la transición más allá de los combustibles fósiles, sin prorrogar la infraestructura de gas ni crear nuevos proyectos extractivos”.
Otro paso inexorable ha de ser garantizar “la soberanía alimentaria y la agroecología”. ¿Cómo? “Redirigiendo el gasto público destinado a la agricultura industrial contaminante hacia el apoyo directo a las familias campesinas y a los modelos de producción agroecológicos”.
El mensaje concluye con un “llamamiento final” en el que se reclama “a la ciudadanía global y a las comunidades de fe” que mantengan “la esperanza activa y la movilización pacífica”. En cuanto a los gobiernos, se les pide que “asuman su responsabilidad moral ante las generaciones presentes y futuras. Esto implica multiplicar los fondos y las políticas climáticas tanto de mitigación como de adaptación, junto con el cumplimiento de los compromisos internacionales”.
En definitiva, “el tiempo de los discursos ha terminado. Traduzcan sus compromisos en decisiones vinculantes que defiendan la vida, la equidad y el bien común”.
