Wuilmo Moreta muestra la contaminación petrolífera de la selva ecuatoriana. Foto: Miguel Ángel Malavia
Ecuador, al noroeste de América Latina, es un conjunto de países dentro de un país. Con una superficie de 283.561 kilómetros cuadrados, sus algo más de 18 millones de habitantes viven situaciones muy diferentes según dónde residan. En la región occidental, la costa, la gran lacra son las bandas criminales que cada vez controlan más enclaves y siembran el terror con una violencia desatada.
Mientras, el centro, dominado por la sierra andina, está poblado en buena parte por comunidades campesinas que tratan de salir adelante con una agricultura y una ganadería a las que afectan enormemente las cada vez más frecuentes sequías.
Finalmente, en la parte oriental, en la frontera con Perú, se levanta majestuosa la Amazonía, cuyos pueblos y territorios son golpeados a diario por los intereses de las mineras y las petroleras. Y su fuerza no es poca, pues hablamos de un país que produce al día 370.000 barriles de petróleo.
De la última realidad ha sido testigo Vida Nueva, que ha podido acompañar a un equipo de Manos Unidas que ha visitado recientemente varios de los proyectos que apoya allí, siendo uno de sus principales interlocutores el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA).
Muy conscientes de que el mejor modo de contar una realidad es verla con los propios ojos, algunos de sus miembros nos recogen en una furgoneta a primera hora de la mañana. Ya no nos separamos de ellos hasta cercana la medianoche.
Mientras avanza el vehículo, con el que recorreremos distintos lugares en los estados de Orellana (conocido popularmente como Coca) y Sucumbíos, Roberto Pachacama, Gladis Raquel Solano y Carmen Aguilar nos hablan de los orígenes del FDA, que surgió en 1994 y que está conformado por 20 organizaciones locales para defender juntos los derechos humanos y ambientales de la región.
Junto a ellos, lo primero que hacemos es plantarnos ante un imponente ‘mechero’, como conocen a una gran estructura que quema el petróleo y que culmina en una especie de chimenea de la que emana una gran llamarada. Las 24 horas del día, los 365 días del año… Siempre, machaconamente y con un ruido inconfundible, lanzando cada jornada unas dos toneladas de dióxido de carbono. Es decir, contaminación al cuadrado sin parar. En pleno vergel verde como es la Amazonía, cuya flora y fauna se envenenan, así como las personas.
Cansado ante tal situación, el misionero navarro Txarly Azcona, que lleva 42 años en el país y que es uno de los grandes referentes en el Vicariato Apostólico de Aguarico (en Orellana), consiguió en 2021 que un juez les diera la razón y ordenara quitar los 440 mecheros que entonces había en la región. Aunque, como comparte pesaroso con esta revista, “la realidad es que, lejos de retirarlos y pese a haber una sentencia judicial, hoy hay más: 486”.
Una punzada en el corazón que nació en él desde que, “hace muchos años, hablando con las comunidades campesinas e indígenas locales, fui consciente de la gravedad de este problema. Pero es que además es algo que palpas cuando estás ante uno de estos ‘mecheros’ y, al rato, te duelen la cabeza y la garganta… La gente se envenena.
Cuando eran cada vez más los que morían de cáncer, “nos movilizamos para ir a la Justicia. En primera instancia, perdimos, pero en segunda ganamos y fue algo histórico, aunque parezca que nada ha cambiado”.
Y es que, como defiende, “gracias a los conocimientos científicos que hemos adquirido y en los que apoyamos toda nuestra acción, ahora podemos ir con datos y denunciar que el Gobierno de Daniel Noboa miente cuando dice que ‘han bajado los casos de cáncer por contaminación’ y ‘han pasado de 800 a seis’. Nosotros sabemos que es una estadística trampa, pues los catalogan de otro modo y así esconden la realidad. Es lo mismo que cuando el Estado dice que hay 180 mecheros menos… Simplemente, los han cambiado de sitio”.
Como le consta a Azcona, “la verdad es que aumenta la quema de gas, con su consecuente contaminación… Y, mientras se dice que es una industria que ‘enriquece’ la región, carecemos de carreteras, de centros de salud (¡no hay un gran centro oncológico en Orellana!) o de escuelas. Los espacios que hay son claramente insuficientes, pero para la industria extractivista somos solo un lugar de saqueo y exterminio”.
De esas carencias habla Pachacama, que señala que “uno de los más afectados es nuestro derecho al agua potable”. Aunque “este aparece registrado en la actual Constitución, de 2008, que impulsó Rafael Correa, que establece que son los gobiernos regionales y locales los que tienen la obligación de prestar ese servicio a las comunidades”, la realidad es que “a muchos las necesidades les sobrepasan”.
La situación es algo mejor en las ciudades, pero mucho más frágil en los numerosos pueblos. Así lo reconoce Abraham Freire, alcalde de Lago Agrio (antigua Nueva Loja), la capital de Sucumbíos, a quien visitamos en su despacho municipal.
Se trata de uno de los dirigentes locales que más han apoyado al FDA, con quien busca (con el respaldo también de Manos Unidas) “culminar un objetivo: que, en ocho años, todos los habitantes del sector rural tengan agua potable. Hoy, un 40% de las familias no la tienen en ese ámbito, por un 25% de las de la ciudad. Queremos acabar con esa brecha”.
El FDA acompaña ya a 125 familias que están instalando en sus hogares unos tanques por los que aprovechan la lluvia, que aquí es frecuente, y la transforman en agua potable. Con el fin de que los que se han iniciado en el proyecto se comprometan con fuerza, ellos mismos asumen parte de los gastos, a modo de contraparte. Manos Unidas aporta el 50% de la financiación de todo lo que se construya.
Además, se exige a todos los participantes que asistan a talleres que dirigen técnicos del FDA (siempre siguiendo los criterios del arquitecto alemán que, ya en 2009, diseñó el sistema) para formarse y saber instalar y mantener las infraestructuras. Y hay otro compromiso tajante: el agua potable es para cada casa y no se puede comerciar con ella.
Pachacama tiene claro que este es el presente y el futuro, pues “el agua que hay en nuestras tierras, la que recorre los ríos, no es segura por la contaminación. Donde hay una petrolera cerca, el agua está afectada y enferma a las personas. Por no hablar de accidentes como el que ocurrió el 10 de mayo de 2023 en el río Conejo, aquí en Sucumbíos, donde hubo un derrame de petróleo y se infectó todo en 30 kilómetros a la redonda”.
Hasta el punto de que ofrece un dato estremecedor: “En toda la zona de Lago Agrio tenemos documentados 700 casos de enfermos de cáncer relacionados con la contaminación. Un porcentaje cuatro veces superior a la media de Ecuador”.
Ante esta dura realidad, Solano celebra “el paso adelante que estamos dando con estos tanques por los que garantizamos agua potable, segura para su consumo. Es un derecho y todos debemos exigirlo a nuestras autoridades locales y regionales, que deben comprometerse en su financiación. Muchas no tienen recursos suficientes y a otras, directamente, no les interesa. Por eso nos congratulamos del compromiso que nos está mostrando el alcalde Freire”.
Este recoge el guante y, además de su apoyo a los tanques de agua, habla de otros proyectos en los que está trabajando, como “la reforestación de la región (ya llevamos plantados 80.000 árboles y queremos que sean 100.000), la lucha por eliminar los ‘mecheros’, crear una unidad oncológica local para los afectados y llevar a cabo una auditoría que recoja las consecuencias ambientales de la acción extractivista”.
Con todo, es consciente de que el 29 de noviembre hay elecciones municipales y, al concluir ahora su segundo mandato, ya no podrá optar a la reelección. De ahí que busque “que todas estas acciones se traduzcan en una ordenanza municipal que comprometa de algún modo al siguiente Ejecutivo y que, si no cumple, al menos se le pueda exigir con un documento firmado en la mano”.
A la salida del Ayuntamiento, mientras volvemos a la furgoneta, Solano nos habla de las dificultades que hay en su contexto “por la inseguridad creciente, al haber bandas criminales cercanas a las petroleras que siembran la violencia allí por donde pasan. Eso es algo que se sufre más en la costa occidental del país, donde hay crímenes con un grado de fiereza que estremecen, pero aquí también está cada vez más presente. Y eso, a la larga, provoca divisiones en nuestras comunidades”.
Sin olvidar, como clama Pachacama, lo que los líderes amazónicos sufren por denunciar las vulneraciones de los derechos humanos y territoriales: “Muchas veces se llega a la criminalización. Y todo por denunciar que nos están envenenando ante el silencio y la complicidad de muchas instituciones públicas. La Justicia está al servicio de las petroleras y el propio Gobierno de la nación no cumple con sus compromisos”.
Así, “hay vigente un Fondo Amazónico que sale de una mínima compensación de las empresas extractivistas. Lo tiene que gestionar la Administración, pero, si al año se presentan más de 100 proyectos por parte de las comunidades locales, como mucho aceptan cuatro… ¿Dónde están los 1.500 millones de dólares que cada curso salen de ese Fondo Amazónico y que no se aplican? ¿Por qué nadie da explicaciones?”.
Él mismo ha pagado un precio muy alto por levantar la voz y hacer preguntas incómodas: “En 2019, nos manifestamos aquí más de 300 personas contra el Gobierno. La policía actuó y me detuvo junto a dos compañeros. Me condenaron a cuatro años de cárcel. Estuve allí dentro dos años y medio, hasta que el Ejecutivo nos dio una amnistía”.
Fue ”una experiencia muy dura, pero no me rendí y seguí con mi lucha. De hecho, cada día que pasé entre rejas lo dediqué a escribir y, al recuperar la libertad, publiqué el libro ‘Si se calla al cantor, canta la vida’”.
Libro de Roberto Pachacama, miembro del Frente de Defensa de la Amazonía en Ecuador. Foto: Miguel Ángel Malavia
Charlamos sobre ello hasta que llegamos a nuestro siguiente destino, en plena selva amazónica: una reunión con Comunidades Unidas, organización que integra a cinco grupos campesinos de la zona y que preside Pepe Castillo.
Como nos explica al darnos la bienvenida, son de ahí las 125 familias que ya se han comprometido con el proyecto de los tanques de agua potable. Él mismo nos enseña los que tiene en su casa con una amplia sonrisa, pues su vida ha mejorado ostensiblemente. De ahí su agradecimiento “a Manos Unidas y al FDA, que nos están ayudando a combatir una gran carencia que teníamos. El agua es vida”.
Además, nos habla del origen de su organización: “Decidimos dar el paso de unirnos ante la situación de inseguridad tan grande que hay en la zona. Cada poco tiempo nos robaban grupos delincuentes. Conscientes de que solos no podíamos defendernos, decidimos aunar fuerzas y establecer un servicio de vigilancia para cuidar nuestro territorio”.
Forman guardias colectivas y, además de los 25 compañeros que hay siempre por turno, “todos estamos conectados por el móvil. Si entra algún sospechoso en cualquiera de nuestras comunidades, nos activamos. Como no salimos con las manos vacías, sino que vamos con armas, se lo hemos comunicado a la policía y esta lo acepta al ser consciente de que, si no, estamos indefensos. Además de que, si interceptamos a alguien, nos limitamos a retenerlo hasta que llegan los agentes y ellos se encargan de él”.
Gracias a ello, han conseguido controlar la situación y “ahora buscamos mantener esa unidad para ir más allá e implementar proyectos sociales que mejoren nuestro día a día, como los tanques del agua con Manos Unidas y el FDA. Sin olvidar la salud que nos aportan, también nos ayudan a ahorrar, pues antes teníamos que comprar entre ocho y diez bidones por semana, teniendo ahora lo necesario para autoabastecernos sin coste alguno”.
Los siguientes retos son “poder asfaltar e iluminar las vías que dan acceso a nuestras comunidades. Estamos avanzando mucho y cada vez estamos más empoderados”.
Tras despedirnos de los compañeros de Comunidades Unidas, con la furgoneta vamos recogiendo a diferentes líderes sociales en distintos puntos. Uno de ellos es Wuilmo Moreta, docente en una escuela local que nos conduce a un punto realmente profundo de la selva amazónica. Se trata del Pozo Aguarico IV, perforado en 1974 por la industria petrolera y que, durante décadas, ha sufrido el convertirse en una piscina en la que se ha vertido sin ningún pudor el llamado oro negro.
Con el gesto compungido, nos lleva frente a una de las cañerías por las que el petróleo inundaba toda la zona, envenenando la riquísima flora y fauna y, tras filtrarse por la tierra al agua, envenenando a las personas. Mientras remueve con un gran palo el fango oscuro, nos cuenta cómo ha visto morir a 30 compañeros de su comunidad de distintos tipos de cáncer.
Él mismo nos muestra sus piernas y comprobamos cómo la piel está completamente cubierta de llagas. Además de que, “por dentro, tengo varios órganos dañados”. Eso sí, no se rinde, “pues hasta que me muera seguiré luchando por las generaciones futuras. El mundo tiene que saber que nos están matando”.
En un gesto cargado de simbolismo, mete las manos en el petróleo y deja las huellas de sus palmas sobre un árbol. Allí quedan grabadas, mientras él repite con fuerza: “No es que yo os cuente que han contaminado todo con total impunidad, sino que lo estáis viendo con vuestros ojos. Contadlo, denunciadlo, por favor”.
Y es que ya está cansado de promesas incumplidas, “como cuando vino aquí el presidente Rafael Correa, en 2012, y se metió dentro del petróleo con unas grandes botas. Llegó aquí con un montón de cámaras que inmortalizaron el momento y nos prometió muchas cosas, pero han pasado años y nadie ha hecho nada”.
Tras más de 50 años, “aquí sigue el petróleo, envenenando todo. Con toda la tecnología que estas empresas tienen y nadie se ha tomado la molestia de evitar esta catástrofe o de remediarla. Además, este es solo un ejemplo, pues, allí donde hay un pozo petrolero, hay una piscina negra como esta. Y solo en esta zona hay más de 50…”.
Antes de irnos, mientras necesita más de una veintena de toallitas con alcohol para limpiarse, nos vuelve a enseñar las manos y clama como un trueno: “¡Solo pedimos justicia! Nadie piensa en el medio ambiente ni en la comunidad local. Yo llegué aquí en 1998 y, aunque muchos me preguntan que por qué no me voy, siempre digo que seguiré luchando hasta el final por todos los compañeros que iniciaron la denuncia en los años 70 y ya no están. Han muerto envenenados, ¿y para qué?
Las petroleras “ni siquiera han dejado el ‘desarrollo económico’ que prometieron. Nos faltan carreteras, centros de salud, colegios… Y nos han dejado destrucción y muerte”.
Al despedirnos, nos relata lo más duro: “No es solo que algunos lo denunciemos, sino que hemos llevado esta causa por la vía legal y estamos en juicio… Pero ya llevamos 30 años así y el proceso sigue parado. En 2011 hubo una sentencia y nos dio la razón, pero no cambió nada. Nada. La gente se cansa y deja de luchar, que es lo que ellos quieren. A los que no abandonamos, hay autoridades locales que nos amenazan. Pero jamás me rendiré”.
Y es que “sé que lucho por una sociedad justa, pacífica y armónica. Tengo 57 años y estoy enfermo, pero lo hago por mis hijos y porque confío en el Dios que nos da la vida”.
Antes de llegar a Orellana, mientras la furgoneta cruza ya en total oscuridad la imponente selva amazónica, nos encontramos con un enorme mechero (hemos visto cerca de una veintena a lo largo de la jornada). Es tal su dimensión que paramos a fotografiarlo. El ruido constante es impactante y la luz de las llamas se filtra entre la espesa vegetación.
Sigo en la selva ecuatoriana, con Roberto Pachacama ante un ‘mechero’ asesino: “Si uno lanza al cielo, al día, dos toneladas de contaminación, este, de unos 30 metros, puede llegar fácilmente a las cuatro o cinco… Es una llama de fuego descomunal. Es un espectáculo… espantoso”. https://t.co/fXhCIb66xI
— Miguel Ángel Malavia (@MAMalavia) October 29, 2026
Emocionado, Pachacama se sitúa frente a él y muestra un corazón roto: “Si uno normal lanza al cielo, cada día, unas dos toneladas de contaminación, este, que tendrá unos 30 metros, puede llegar fácilmente a las cuatro o cinco… Es una llama de fuego descomunal. Es un espectáculo… espantoso”.
