Tras los ataques terroristas contra estaciones de policía en Nóvita y Santa Rita de Iró en la subregión del San Juan, en el sur del departamento del Chocó, occidente de Colombia, la Iglesia particular de esta zona ha expresado su preocupación.
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Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Istmina-Tadó, alertó sobre las consecuencias de esta escalada de violencia sobre población civil por lo que pidió a los grupos armados “pararlo inmediatamente, dada la angustia y la zozobra que esto provoca”.
De hecho, uno de los momentos más delicados se registró el 30 de septiembre en Nóvita, cuando la comunidad se preparaba para la Eucaristía por la fiesta patronal de San Jerónimo. Allí los feligreses estuvieron en fuego cruzado cuando drones atacaron una estación de policía aledaña a la Iglesia.
El obispo instó a transitar por “los caminos del Evangelio y los caminos de la paz”. Denunció que las comunidades “están experimentando miedo e impotencia y que muchas personas prefieren guardar silencio ante el riesgo que perciben en sus territorios”.
Obispo de Istmina Tadó ha denunciado esta situación. Foto: Diócesis
Proteger a la población
Por su parte, el Episcopado y Cáritas Colombia se han solidarizado con las poblaciones afectadas. Recordaron, en un comunicado conjunto, que la dignidad humana “debe ser respetada incluso en medio de la confrontación armada”.
Nada justifica la violencia: ni propósito político, ni militar o ni estratégico, porque se pone en riesgo la vida de civiles inocentes y se violan sus derechos fundamentales.
Pidieron a todos los actores armados “respetar estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y proporcionalidad” evitando acciones que pongan “en riesgo a la población civil o los bienes indispensables para su vida”.
Al mismo tiempo han pedido al Estado colombiano fortalecer las medidas necesarias para proteger a “las comunidades afectadas y garantizar sus derechos, especialmente en territorios donde las hostilidades producen confinamiento, desplazamiento o restricciones a la movilidad”.
Para la Iglesia es urgente poder realizar su trabajo, junto a organismos humanitarios, “sin obstáculos ni instrumentalización”, porque la asistencia médica, alimentaria, psicosocial y de protección “tiene como finalidad proteger la vida y aliviar el sufrimiento humano”.
Población de Istmina afectada por el conflicto. Foto: Defensoría
