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El pasado 24 de septiembre, el régimen nicaragüense permitió una procesión en la Diócesis de Matagalpa. Un hecho significativo, pues su obispo, Rolando Álvarez, lleva exiliado en Roma desde enero de 2024, tras pasar varios meses en la cárcel por oponerse a los mandatarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así, siete años después de la última vez, la Virgen de la Merced volvió a salir a las calles de Matagalpa. Algo que compartió en sus redes sociales la propia Iglesia local, que mostró cómo cientos de personas (incluidos sacerdotes y religiosas) acompañaban a la imagen mariana en un ambiente de honda emoción y alegría.
Puesto que ni las autoridades políticas ni las religiosas han explicado qué ha podido cambiar para que, tras varios años de hostigamiento a la Diócesis de Matagalpa, una de las más perseguidas por el régimen sandinista, ahora se haya permitido esta procesión, Vida Nueva ha consultado a la abogada nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina, quien lleva varios años documentando en diversos informes la persecución de Ortega y Murillo contra la Iglesia.
Y, sin ninguna duda, apunta la causa de este gesto: “Se debe a la presión internacional y, concretamente, a la próxima reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos (OEA). Ante ella, la dictadura ha decidido permitir y visibilizar algunas actividades cristianas evangélicas y católicas”.
En cuanto a la procesión mariana en Matagalpa, que encuadra en un ejercicio de propaganda, se ha visibilizado “por ser concurrida, pero en el país hay 407 parroquias que celebran a la misma Virgen de la Merced y a otros santos y no tienen permitido salir. Permitir salir una procesión no es sinónimo de libertad religiosa plena. Es una manera de confundir a quienes no están al tanto de lo que ocurre en Nicaragua”.
Así, se lamenta, la realidad es que “hay 315 sacerdotes y monjas en el exilio que no han podido regresar debido a la persecución religiosa. Hay 43 propiedades eclesiales confiscadas por la dictadura sandinista y no han sido devueltas. Muchos medios católicos han sido cerrados arbitrariamente y siguen sin recibir su licencia. Y hay un sinnúmero de agresiones cometidas contra representantes eclesiales que no han sido reparadas”.
Como insiste Molina, “el mismo lenguaje hostil de la pareja presidencial contra la Iglesia es otra evidencia de que la persecución continúa. Y otro reflejo es la violencia permanente contra los sacerdotes, que deben dar previamente a la policía el sermón que van a pronunciar en sus misas, así como detallar toda su agenda semanal”.
Como concluye, “todo eso es parte de un sistema de represión, aunque al régimen le interese proyectar la imagen de que permite una procesión muy concurrida”.
