Abusos en la Iglesia Católica (fuente: Archivo)
La Diócesis de Osma-Soria ha apartado cautelarmente de sus funciones al sacerdote de Serón de Nágima después de tener conocimiento de unos hechos relacionados con una menor de edad y ha remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe las actuaciones de la investigación previa canónica abierta contra él.
El sacerdote, de 67 años, tiene prohibido ejercer “cualquier función, actividad o ministerio” en la parroquia y mantener cualquier contacto o comunicación, directa o indirecta, con la menor. La propia diócesis subraya que se trata de medidas “estrictamente cautelares y no penales” y que no implican ninguna declaración de culpabilidad.
La familia de la menor presentó una denuncia ante la Guardia Civil el pasado 17 de agosto. El caso se encuentra actualmente en manos del Tribunal de Instancia de Almazán, que ha abierto diligencias previas por un presunto delito de acoso sexual a una menor en el ámbito laboral.
Según ha explicado el Obispado, “desde el primer momento” en que tuvo conocimiento de los hechos puso en marcha la correspondiente investigación previa canónica y adoptó medidas para proteger a la menor y facilitar el esclarecimiento de lo ocurrido.
Esa primera fase dentro de la Iglesia ya ha terminado y sus actuaciones, junto con la valoración del administrador diocesano, han sido enviadas al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo competente para determinar cómo debe continuar el procedimiento canónico.
La diócesis insiste en que la conclusión de esta investigación “no supone declaración alguna de culpabilidad”, sino únicamente que se ha completado la recopilación y valoración inicial de los elementos necesarios para remitirlos a Roma. Paralelamente, el Obispado puso también sus actuaciones en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Soria y asegura haber manifestado desde el principio su “plena disposición a colaborar con las autoridades civiles competentes”.
El caso salió a la luz después de que Heraldo-Diario de Soria publicara que el párroco había sido denunciado, detenido y estaba siendo investigado judicialmente. Según las informaciones difundidas por distintos medios a partir de fuentes cercanas al caso, el sacerdote habría pedido a la menor que le mostrara el pecho y posteriormente le habría enviado mensajes de contenido sexual. Se trata de extremos que forman parte de la investigación y sobre los que la diócesis ha evitado ofrecer detalles.
El Obispado ha advertido además de que algunas de las descripciones publicadas “no coinciden exactamente con los hechos comunicados a la Diócesis” y ha optado por no precisar más por respeto a la intimidad de la menor y al procedimiento en curso. También ha aclarado que la prohibición de contacto decretada eclesiásticamente no debe confundirse con las medidas que hayan podido adoptar las autoridades judiciales. La diócesis señala que no le corresponde confirmar decisiones procesales que no le hayan sido comunicadas oficialmente.
El sacerdote ya había afrontado hace más de una década otro procedimiento judicial relacionado con menores. En aquel momento ejercía como profesor de Religión en el CEIP de Medinaceli y fue acusado de abusos sexuales contra tres alumnas. La Fiscalía sostenía entonces que durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 había realizado tocamientos a varias menores. El sacerdote se enfrentaba a una petición de ocho años de prisión.
La Audiencia Provincial de Soria terminó absolviéndolo en 2014 de los delitos que se le atribuían al considerar que no había quedado acreditado que realizara los tocamientos denunciados con ánimo sexual. Tras aquella sentencia, la Diócesis de Osma-Soria anunció su rehabilitación “de forma inmediata” en sus tareas ministeriales.
El Obispado ha querido recordar expresamente ahora que aquel procedimiento terminó con una absolución y considera que no debe presentarse como un antecedente de culpabilidad ni utilizarse para dar por establecida una reiteración delictiva.
La Diócesis de Osma-Soria asegura mantener su “cercanía a la menor y a su familia” y reitera su compromiso con la protección de los menores y con el esclarecimiento de cualquier conducta que pueda resultar impropia o ilícita.
Al mismo tiempo, ha pedido que ese compromiso sea compatible con el respeto a la presunción de inocencia, los derechos de todas las personas implicadas y el trabajo de las autoridades civiles y eclesiásticas.
Por ahora, las medidas cautelares continúan vigentes mientras avanza la investigación judicial y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe estudia las actuaciones remitidas desde Soria.
