Migrante haitiano en República Dominicana. Foto: Luigi Baldelli
El trabajador haitiano, conocido comúnmente como “bracero”, se inclina bajo el sol abrasador, dedicado a realizar de forma mecánica siempre el mismo movimiento: levantar el brazo con el machete y golpear la caña de azúcar en la base.
El sonido de la lámina larga y afilada al golpear las cañas de azúcar es sordo y profundo. Su frente está cubierta de gotas de sudor y su respiración es entrecortada.
La producción de azúcar es uno de los principales sectores de la economía de la vecina República Dominicana, con alrededor de un millón de toneladas al año. Los campos de color verde esmeralda se extienden hasta donde alcanza la vista. Kilómetros y kilómetros de cañas que se mueven ligeramente con el soplo del viento.
La cosecha se realiza totalmente a mano y los trabajadores son todos haitianos indocumentados, vestidos con harapos, manos callosas, botas de hule en los pies y ojos totalmente apagados.
Un trabajo agotador por un salario de miseria que ronda los 150 euros mensuales, trabajando siete días a la semana durante 12 horas al día. A día de hoy, se estima que unos 200.000 haitianos indocumentados trabajan en las plantaciones de caña de azúcar y, sin ellos, el cultivo sufriría un colapso total por la falta absoluta de mano de obra barata.
Lo mismo ocurre en otros sectores, desde la agricultura hasta la construcción y el turismo, lo que eleva el número total de migrantes indocumentados a unos 700.000. Pero se trata de estimaciones aproximadas, ya que el flujo de haitianos hacia la República Dominicana es continuo y constante.
Las precarias condiciones de vida en Haití, la violencia feroz entre las bandas criminales, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad política empujan a muchos a cruzar la frontera y buscar un futuro ilusorio que imaginan mejor que el de su país de origen, en esa parte de la isla conocida en todas partes por el turismo, sus playas y el mar cristalino.
Pero es una pura ilusión, porque la vida de un haitiano en la República Dominicana siempre ha sido una vida de esclavitud: trabajos extremadamente mal remunerados, falta de los derechos humanos más elementales, viviendas en ruinas, falta de ciudadanía para los niños que nacen en este lado de la isla (lo que los convierte en apátridas), xenofobia y racismo constante (se les llama despectivamente “negros” o “Congos”).
Encima, la situación ha empeorado, convirtiendo la vida de los haitianos en un infierno. La nueva política del Gobierno dominicano es de represión total hacia los migrantes. En 2022, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la construcción de un muro de 160 kilómetros a lo largo de la frontera entre ambos países.
En marzo de 2024, el mandatario declaró lo siguiente en la BBC: “No detendremos las deportaciones a Haití ni autorizaremos campos de refugiados en nuestro territorio”.
Desde abril de 2025, el presidente ha promulgado más de 15 medidas para contrarrestar el flujo migratorio, con la consecuencia de que, solo en el último año, más de 200.000 haitianos (incluidos muchos menores de edad) han sido detenidos por la policía y trasladados a la frontera.
Todo ello encubierto con el supuesto motivo de proteger a la población dominicana de la violencia de las bandas haitianas y del contrabando de drogas y de personas, creando un clima de terror y de caza humana. Al no tener ningún documento de identidad dominicano (casi imposible de obtener), la policía recorre las ciudades en busca de los indocumentados.
Una vez identificados, son subidos a la fuerza y con violencia a las camionetas. Algunos logran recuperar su libertad pagando sobornos a la policía, que se deja corromper por unos 200-300 euros. Pero, para muchos, el destino está sellado con la detención y el posterior traslado a la frontera.
Una represión que se ha extendido incluso a los hospitales, obligados a denunciar a los migrantes irregulares que acuden en busca de cualquier tipo de atención médica, hasta tal punto que las mujeres haitianas, por miedo a ser detenidas, se ven obligadas a dar a luz en sus casas, con todos los riesgos que ello conlleva.
Los dos únicos sitios en los que no son perseguidos son los campos de caña de azúcar y los bateyes, aglomeraciones de casas en ruinas en medio de las plantaciones donde viven los inmigrantes, lejos de la ciudad y sin ningún servicio.
Ahí se comprende que las medidas contra los haitianos no son más que una forma de someter y subyugar aún más a los inmigrantes.
Mientras los hombres comienzan a trabajar a las cinco de la mañana, en los bateyes solo quedan las mujeres, los ancianos y los niños. Muchos de estos centros cuentan con agua corriente desde hace poco, mientras que la electricidad es prácticamente inexistente. Además, hay pocas escuelas y ningún centro médico.
Así nos lo detalla el misionero Miguel Ángel Gullón Pérez, teólogo asturiano de la Orden de los Dominicos que vive en la isla desde hace más de 25 años. Director de la emisora comunitaria Radio Seibo, lucha por los derechos humanos de los campesinos y braceros haitianos.
“Ahora, para los migrantes haitianos, a la falta de derechos humanos y dignidad se ha sumado una condición psicológica: el síndrome de Estocolmo”, me dice con voz tranquila pero decidida, la mirada serena y los brazos cruzados.
Luego, añade que “los braceros y sus familias, ante el peligro de ser deportados, se defienden refugiándose en las prisiones a cielo abierto que son los bateyes, porque están demasiado lejos de la ciudad”.
Pero, sobre todo, “porque arrestar y deportar a los cortadores de caña de azúcar de sus asentamientos significaría eliminar una mano de obra barata y totalmente sometida, útil para las dos grandes empresas privadas azucareras del país, la Central Romana y el Grupo Vicini”.
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Traducido por Karlian Vale (Pontificia Comisión para América Latina).
