En una carta dirigida a legisladores nacionales pidieron priorizar el bien común y los derechos de las próximas generaciones
Cáritas Argentina, el área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen difundieron una carta abierta a los legisladores nacionales en la que manifiestan su “profunda preocupación” por el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
Las organizaciones consideran que la iniciativa plantea serios interrogantes sobre la soberanía de la tierra, los alimentos y los bienes comunes, así como sobre el derecho de los pueblos a definir su propio destino, y la capacidad del Estado para proteger el interés público.
El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común” fundamenta su posición en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y recuerda que los bienes de la creación tienen un destino universal. En este marco, cita las palabras del papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas sobre el carácter común de recursos esenciales como la tierra, el agua, el aire y los bienes naturales, entendidos como patrimonio destinado al sostenimiento de toda la familia humana, tanto en el presente como para las generaciones futuras.
Entre los puntos que generan mayor inquietud, las organizaciones eclesiales señalaron la eliminación de las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, ya sean personas físicas o empresas. Con esta iniciativa, se permitiría el acceso irrestricto a territorios vinculados a reservas de agua y otros recursos estratégicos, considerados fundamentales para el desarrollo y la soberanía nacional.
La carta también cuestiona los artículos que habilitarían la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios, una práctica que actualmente se encuentra limitada por razones ambientales. Para la Iglesia, esta modificación podría debilitar mecanismos de protección destinados a preservar ecosistemas y evitar procesos especulativos vinculados al uso del suelo.
Asimismo, sostuvieron que el proyecto reduce la capacidad del Estado para ordenar el territorio, planificar obras públicas y garantizar el interés comunitario frente a intereses particulares. En especial, advierten que esta pérdida de herramientas podría afectar la protección de los sectores más vulnerables y limitar las posibilidades de impulsar políticas de desarrollo equilibrado y sostenible.
El documento subraya que la tierra no puede ser considerada únicamente como una mercancía o un activo económico. “Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro”, reafirmaron las organizaciones, retomando conceptos Laudato Si’. Desde esa perspectiva, el cuidado de la tierra aparece inseparablemente ligado al cuidado de las personas y de la Casa Común.
Las organizaciones también vinculan el debate sobre la propiedad de la tierra con el acceso a la vivienda, una problemática que afecta a millones de argentinos. En ese sentido, plantean la necesidad de promover condiciones que favorezcan el acceso a una vivienda digna y de construir marcos regulatorios justos para los alquileres, que contemplen de manera equilibrada los derechos de propietarios e inquilinos.
Para concluir, Cáritas y las comisiones episcopales de pastoral social y aborigen exhortaron a los legisladores a orientar sus decisiones por el bien común y el futuro de las próximas generaciones. “La nobleza de la política como máxima expresión de la caridad” constituye el horizonte desde el cual debería abordarse el debate de una iniciativa que involucra cuestiones estratégicas para el presente y el futuro del país, sostuvieron.
