Gabriel Putoy y Rafael Aragón, exiliados de Nicaragua. Foto: Miguel Ángel Malavia
Desde 2018, la vida de Gabriel Putoy, laico nicaragüense muy unido a los salesianos, está en un doloroso alambre: “El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo me lo ha quitado todo”.
Aunque son cientos de miles los que han debido salir del país estos años, junto a “otros 470 nicaragüenses en el exilio”, él es de los que ha padecido una “muerte civil” completa: “Vivo en Costa Rica, me han arrebatado la nacionalidad, pasé 14 meses en la cárcel, fui torturado, me robaron la casa y mi trabajo… Y lo peor es que sufro la separación familiar”.
Todo esto nos lo explica a Vida Nueva en un encuentro en Madrid. Acompañado del misionero español Rafael Aragón, dominico que, tras muchos años en Nicaragua, también sufre el éxodo en suelo costarricense, ambos, miembros destacados del Centro de Derechos Humanos, están de paso por nuestro país para concienciar sobre una causa que es la justicia encarnada.
Además, ofrecerán su testimonio ante comunidades eclesiales en Francia e Italia. Y su objetivo final es uno: “Conseguir que León XIV nos reciba y explicarle lo que estamos viviendo”.
Y es que, como se duele Putoy, el suyo es un Gólgota que hace ocho años no podía imaginar: “Era funcionario, profesor de Matemáticas, y daba clases en dos institutos y una universidad para poder tener un sueldo digno. Pero mi problema, como el de muchos, es que me negaba a identificarme con el régimen”.
Concretamente, “no iba a sus manifestaciones ni sus asambleas, no me afiliaba a su sindicato, no delataba a compañeros… Y eso te convierte directamente en desafecto en una dictadura donde todo está controlado”.
Vivía en Masaya, en “un barrio como el de Monimbó, de extracción muy humilde y donde se inició la insurrección que acabó con el régimen de Somoza”. Si entonces Ortega lideró un proceso que le llevaría al poder, “ahora era él el que castigaba a una población local que ya no podía más, pues había hambre, el asfalto estaba roto, la luz estaba carísima… Y el Estado solo ayudaba a quienes se identificaban públicamente con él”.
Tras varios meses de protestas, en julio de 2018, “Ortega y Murillo se quitaron la máscara de socialistas, cristianos y solidarios” y, “sin escrúpulos”, iniciaron la llamada ‘Operación Limpieza’. Así, tras reprimir “una protesta de pensionistas que reclamaban mejores condiciones de vida”, estos se acabaron refugiando en la Capilla de San Sebastián, la parroquia de los salesianos, donde el propio Putoy era catequista.
Angustiado, fue uno de los que lideró “la defensa de la gente”, organizando barricadas. Hubo 355 asesinados (“el primero fue Álvaro Gómez, un chico de 22 años hijo de un profesor compañero mío”), pero las fuerzas represoras no se quedaron ahí: “Nos detuvieron a muchos y nos llevaron a la antigua cárcel de Chipote”.
Ahí, entre paliza y paliza, “me interrogaban para, ante todo, inculpar a los salesianos. Querían que firmara una declaración en la que los acusaba de estar financiados por Estados Unidos para promover un golpe. Yo no podía hacer algo así, pues todos en el barrio queremos mucho a los religiosos, que se entregan por todos. Como me negué, me llevaron a juicio y me condenaron a 122 años y medio de cárcel”.
Tras expulsar del país a los salesianos de Monimbó y desatar “una persecución radical contra la Iglesia”, el régimen “buscó castigarnos a muchos laicos católicos que habíamos liderado la defensa de la población”. Así, compartió presidio con “más de 800 presos políticos”, todos ellos con “penas altísimas”.
La desesperanza hizo que, “un día, el 15 de mayo de 2019, creyendo que jamás saldríamos de ahí, nos llegáramos a sublevar en la cárcel. Nos derrotaron y asesinaron de un balazo al compañero Eddy Montes”.
Al poco, “el Estado decretó una Ley de Amnistía por la que nos sacaron de prisión. Pero fue una maniobra para depurar las culpas de sus paramilitares y seguir persiguiéndonos a los opositores. Sé de un compañero al que volvieron a encarcelar a los dos días de liberarlo. Y otro, Jaime Navarrete, al que, cada vez que se acababa su condena, le volvían a condenar… Así hasta tres veces, siguiendo aún encerrado, ocho años después”.
El propio Putoy, al final, se acabó viendo obligado a exiliarse a Costa Rica. Ahí es testigo de cómo “Ortega y Murillo siguen matando. A través de sus sicarios, aquí han asesinado a Roberto Samcam, un destacado defensor de los derechos humanos que había sido militar, y a Jaime Ortega, un campesino. Otros fueron tiroteados y hoy están en sillas de ruedas… Lo mismo ha ocurrido en Honduras, donde acabaron con la vida de Rofolfo Rojas”.
Lo que lleva al líder opositor a clamar bien alto: “El régimen nos reprimió brutalmente en 2018, pero lo ha seguido haciendo, en una persecución interna y transnacional, y ya lo hacía antes”. Lo que ilustra con otro triste ejemplo: “El cadáver del sacerdote Marlon Pupiro fue encontrado en un basurero en agosto de 2011”.
Por no hablar de un caso que, en 2017, generó una gran conmoción nacional, como fue “el de los dos hijos menores de la campesina Elea Valle. Iban a ver a su padre, que se había levantado contra el Gobierno, cuando los detuvieron, los violaron y los mataron. Tenían 12 y 16 años”.
La realidad, “para el 83% de los que protestamos contra la dictadura en 2018, es que nos hemos visto a exiliarnos. Solo en Nicaragua hay más de un millón de nicaragüenses… Y hay que decir que las ayudas para nosotros se están reduciendo mucho y hasta se cierran albergues en los que nates nos protegíamos”.
De ahí que “lo queramos transmitir al Papa una serie de mensajes claves. El primero es que, incluso dentro de la Iglesia, en esos países que nos acogen, se están reduciendo mucho las ayudas que nos ofrecen. El segundo es que, como ya sabemos que nuestros pastores están silenciados dentro de nuestro país, nos duele que tampoco se puedan expresarse libremente los que están fuera, en un éxodo forzoso”.
Aunque “todo está en manos de la diplomacia vaticana”, asegura que, “además del apoyo material, necesitamos un consuelo espiritual de nuestros sacerdotes y obispos. Queremos que puedan acompañarnos pastoralmente. Nos sentimos abandonados”.
Juan Pablo II “nos dijo que ‘no somos la Iglesia del silencio’. Queremos que León XIV nos escuche y que él mismo, públicamente, tenga una palabra hacia nosotros”.
