Reunión en el Obispado de Mallorca con el Consell y el Ayuntamiento. Foto: Obispado de Mallorca
Sa Presó, la antigua cárcel de Palma de Mallorca, albergaba a 208 personas que, según el Ayuntamiento, gobernado por el PP, tenían “ocupado” el recinto y vivían en “condiciones insalubres”. Tras desestimar el pasado 6 de mayo las últimas alegaciones de los habitantes, este lunes 11 concluía el plazo de cinco días para el desalojo voluntario del espacio.
Según confirma Diario de Mallorca, algo más de la mitad de los inquilinos ya no están allí. En todo caso, los restantes tendrán que irse cuando el caso se remita al juzgado y este ordene el desahucio (lo que tampoco tiene por qué ser inminente).
Mientras, el Ayuntamiento ha reiterado que sigue la situación de un modo “muy exhaustivo” y que este colectivo vecinal no se desplazará en bloque a “otro asentamiento”. Pero muchos de los desalojados denuncian que, sin una alternativa habitacional, se verán obligados a dormir en la calle.
Una situación de urgencia que ha movilizado al Obispado de Mallorca. Como confirma a Vida Nueva el propio prelado, Sebastià Taltavull, “hace algo más de un mes promoví una reunión conjunta con el Ayuntamiento y el Consell para abordar esta cuestión”. La misma transcurrió en la sede episcopal y se dio en “un ambiente de clara sintonía”.
Uno de los asistentes fue el sacerdote Jaume Alemany, responsable diocesano de la Pastoral Penitenciaria, miembro del Área de Acción Caritativa y Social y director del Espai Sojorn, una casa parroquial que acoge a personas sin hogar. Como ratifica, “en ese momento ofrecimos nuestra colaboración para poder acoger a determinados perfiles de usuarios según nuestras posibilidades. Yo mismo apunté que podría albergar a entre tres y cinco personas en el hogar”.
Y es que, para él, ahí radica un punto clave: “Antes de nada, se debe realizar un cribaje previo por parte de profesionales para conocer las situaciones concretas. Es decir, que, más que policías, necesitamos a profesionales de los servicios sociales, empezando por psicólogos. Solo ellos son los que pueden detectar si, entre esas personas, hay algunas con problemas de salud mental u otras que puedan ser víctimas de un consumo activo de drogas, y así se puede responder a su realidad”.
Como lamenta Alemany, “ya hace más de un mes desde que trasladamos esta propuesta y, por ahora, no hemos recibido una respuesta”. Lo que contrasta con que se opte por un desahucio por vía urgente, pues “esta situación viene de lejos, de hace años, y nunca ha habido problemas graves en Sa Presó”.
Por su parte, la Iglesia puede ayudar con “una metodología seria y profesional a la hora de dar respuestas concretas ante situaciones como esta”. Eso sí, “con nuestras limitaciones”. Hasta el punto de que, “aunque la voluntad es total”, la realidad es que “carecemos de falta de espacios para poder acoger a todos y no tenemos soluciones mágicas”.
Un recurso muy importante de la diócesis es la Casa de Familia, dirigida a 170 personas sin hogar y que, al contar con subvención del Consell, figura dentro de la Red de Inserción Social (IMAS). Aunque Alemany prefiere ser cauteloso, pues “es un hecho que ya un centenar de los internos son crónicos y van a seguir viviendo ahí hasta el final. Literalmente, no podemos abrir las puertas a todos los que lo necesitan”.
Desde el Área Diocesana para la Acción Caritativa y Social, su coordinadora, Catalina Mir, reitera que “nos preocupa y nos ocupa no solo qué pasará con quienes serán desalojados de la antigua cárcel. También nos sentimos llamados a dar respuesta, dentro de nuestras posibilidades, a las personas (incluidas familias con niños) que duermen en la calle, en asentamientos, en coches… Solo en Palma son unas 800”.
Por eso, insiste en que la situación “demanda un cribado previo y la implicación de los Servicios Sociales. ¿Podemos y queremos ofrecer techo y hogar? Sí. Para ello ya tenemos espacios como la Casa de Familia o el Espai Sojorn, en Palma, y otros hogares en Inca, Palmanova, Son Ribas o Binissalem. Y, en construcción, hay alguno más”.
Como detalla Mir, “en cada uno de estos recursos podemos acoger a un número determinado de personas. Eso sí, sin perder de vista que este desahucio es solo una pequeña muestra del grave problema local con la vivienda. Los que viven y duermen en la calle o a las afueras de la ciudad son también nuestro problema, nuestro reto, nuestros hermanos”.
Un papel clave lo desempeña la Fundació La Sapiència, que el Obispado de Mallorca impulsó en el año 2000 (aunque, como asociación, ya funcionaba desde 1976) para acompañar a personas sin hogar. A ella pertenecen la Casa de Familia y los otros centros.
Como aclara Antoni Moyá, su director, “gestionamos 210 plazas públicas en centros de la diócesis en los que vamos de la mano con el Consell. Ya hemos atendido a personas que han sido desalojadas, pero hay que indicar que está todo lleno y hay lista de espera en la mayoría de espacios”.
Más allá de este trabajo social con el Consell, “con el que hay muy buena sintonía”, la Iglesia cuenta con otras iniciativas propias, ofreciendo a diario 17 plazas en talleres de formación, como el que tenemos para ser peón agrícola”.
Sin olvidar a “las muchas personas acompañadas por Cáritas” ni “la rehabilitación del antiguo convento agustino en Binissalem, ofreciendo por ahora nueve apartamentos para familias en situación de exclusión social”.
Por su parte, la directora de la Cáritas Diocesana, Esther Romero, informa que, “desde el programa de vivienda y atención a personas sin hogar, atendemos a más de 200 personas al año en nuestro Centro de Día Pere Pascual, en los proyectos Domus en Inca (este centrado en la acogida temporal) y en Palmanova”.
En todos estos recursos, por cierto, “ya se venía atendiendo a personas de la antigua prisión. Lo hacíamos antes de esta situación y se continúa haciendo”.
Frente a una crisis de esta dimensión, Taltavull se muestra convencido de que “hay que visibilizar lo que ocurre”. Y es que, “ya desde hace tiempo, aunque no haya trascendido, Cáritas está acompañando a muchas personas que viven en la antigua cárcel. Nosotros hemos estado ahí desde el primer momento y nos seguimos ofreciendo a la Administración”.
Una pastoral que, concluye, forma parte intrínseca de su vocación episcopal: “Hace poco, estuve con los amigos que viven en la Casa de Familia. Me regalaron un báculo de madera firmado por los 170 residentes. Para mí, es un tesoro y lo utilizo bastante. En cada ceremonia de envío a la misión de los nuevos párrocos, les pido que lo sostengan conmigo en la bendición final. Es el modo de simbolizar que nuestra misión es acompañar a estas personas y reivindicar su dignidad personal”.
