La Conferencia Episcopal reclama priorizar los cuidados paliativos y denuncian las graves carencias y riesgos para las personas vulnerables
El controvertido proyecto de ley sobre el suicidio asistido en el Reino Unido ha fracasado de forma provisional tras agotar su tiempo de debate en la Cámara de los Lores antes del fin del actual periodo legislativo. Esta caída del texto ha sido recibida con profunda satisfacción por representantes de la Iglesia católica y anglicana, quienes han instado al Parlamento a reorientar sus esfuerzos hacia la mejora del sistema de cuidados paliativos y centros de cuidados para enfermos terminales.
El arzobispo de Liverpool, John Sherrington, responsable de las cuestiones de defensa de la vida en la Conferencia Episcopal, fue una de las voces más contundentes tras el cierre del debate. Sherrington agradeció públicamente a todos los parlamentarios que trabajaron “incansablemente para preservar la dignidad de toda vida humana y garantizar que los cuidados al final de la vida sigan arraigados en la compasión y el respeto hasta su fin natural”, según recoge The Tablet.
El prelado destacó que el proyecto de ley era “profundamente defectuoso” y que los debates legislativos han servido para visibilizar las profundas necesidades que tienen las personas vulnerables en sus últimos días. “La verdadera compasión nunca consiste en acelerar la muerte”, sentenció, pidiendo al Gobierno que garantice unos cuidados de final de vida accesibles para todos.
Desde la Iglesia anglicana, la visión ha sido igualmente crítica. La obispa de Newcastle, Helen-Ann Hartley, justificó el intenso debate en la Cámara de los Lores frente a quienes lo criticaban, afirmando que analizar adecuadamente un proyecto de esta magnitud era una “necesidad moral” y no un simple “detalle de procedimiento”. Según Hartley, cuanto más de cerca se examinaba el texto legislativo, “más preocupaciones surgían”, según apunta katholisch.de.
Por su parte, la arzobispa de Carterbury Sarah Mullally ha reivindicado en el debate público su doble experiencia: “Me opongo a este proyecto de ley por principio, tanto como sacerdote como enfermera”. No obstante, Mullally tendió puentes al señalar que tanto partidarios como detractores comparten un objetivo común: que las personas mueran de forma digna, sin dolor y con el menor miedo posible, algo que, recalcó, requiere una inversión urgente en cuidados paliativos.
El colapso del proyecto de ley se produjo después de que se presentaran más de 1.200 enmiendas en la Cámara de los Lores, imposibilitando su aprobación antes del fin de la legislatura.
Voces contrarias a la ley, como el médico Gordon Macdonald de la organización ‘Care Not Killing’, calificaron el texto como una “ley esqueleto plagada de agujeros alarmantes”. Macdonald advirtió de que la normativa era insegura y corría el riesgo de priorizar “muertes baratas” frente a cuidados de calidad, dejando desprotegidos a los más vulnerables, e incluso presionando a los pacientes a elegir la muerte para no ser una carga para el debilitado sistema de salud público (NHS).
En el extremo opuesto, los defensores del suicidio asistido mostraron su indignación. Organizaciones como ‘Humanists UK’ denunciaron el bloqueo como una “táctica sucia” y deliberada por parte de “un pequeño grupo de lores no electos”. Su director ejecutivo, Andrew Copson, calificó el resultado de “mancha para la democracia” y aseguró que el actual ‘status quo’ deja a los enfermos terminales con opciones inaceptables, como sufrir, rechazar la comida o viajar a Suiza.
Al haberse paralizado el trámite parlamentario, cualquier futura legalización del suicidio asistido requerirá que el proyecto se presente de nuevo desde cero en la Cámara de los Comunes, algo que varios diputados ya han anunciado que intentarán en la nueva legislatura que comienza el próximo 13 de mayo.
