La organización reclama financiación, seguridad jurídica y diálogo ante el proyecto de reducción de jornada docente y ratios
Una clase en un colegio de educación concertada. Foto: Vida Nueva
Escuelas Católicas ha manifestado su preocupación por el proyecto de ley aprobado por el Gobierno para reducir la jornada lectiva del profesorado y las ratios máximas en las aulas, advirtiendo de sus posibles consecuencias sobre el equilibrio del sistema educativo y reclamando mayor claridad, financiación suficiente y un calendario realista para su aplicación.
En un comunicado, la organización subraya que, aunque comparte los objetivos de mejora del sistema educativo, las medidas planteadas “generan incertidumbre y pueden agravar las diferencias entre redes educativas si no se abordan con rigor y diálogo”. En este sentido, insiste en que la reforma debe ir acompañada de garantías que permitan su viabilidad real.
Uno de los puntos más críticos es la reducción de la jornada lectiva en la enseñanza pública, una medida que no afecta a la concertada. Escuelas Católicas advierte de que esta decisión “amplía la brecha en las condiciones laborales entre docentes, alejándose del principio de analogía recogido en la legislación”, al tiempo que alerta del impacto económico: “implicará un incremento del gasto público sin que todavía se haya dado a conocer su memoria económica”.
En relación con la bajada de ratios en la enseñanza obligatoria, la organización recuerda que esta medida debe contar con respaldo financiero: “debe ir necesariamente acompañada de financiación suficiente, tal como establece la normativa vigente”. Además, lamenta la falta de precisión en el texto legal, ya que “no incluya una mención expresa a los centros sostenidos con fondos públicos”, lo que deja dudas sobre su aplicación.
La preocupación se extiende también a las enseñanzas no obligatorias. Así, Escuelas Católicas alerta de que una reducción de ratios en estos niveles “podría comprometer seriamente su sostenibilidad económica y afectar al derecho de creación de centros reconocido en la Constitución”. En concreto, advierte de que “reducir por ley la capacidad de las aulas, sin mecanismos compensatorios, puede suponer un impacto directo en los ingresos difícilmente asumible”.
Ante este escenario, la organización recuerda que “existe acuerdo en la mejora de la calidad educativa, no ocurre lo mismo con los términos concretos del proyecto”. De hecho, señala que el respaldo actual “se concentra principalmente en organizaciones del profesorado”, mientras que los titulares de centros mantienen reservas.
Como alternativa, propone explorar nuevas fórmulas pedagógicas: “como la codocencia (trabajo conjunto de dos profesores en el mismo aula), que permitan mejorar la atención al alumnado”. Además, apunta que “seería necesario incluir otras medidas demandadas ampliamente, como el aumento de ratio de los orientadores”.
Finalmente, Escuelas Católicas insiste en que una reforma de esta magnitud requiere consenso institucional y garantías claras: “es imprescindible que cuente con el acuerdo efectivo de las administraciones autonómicas, un calendario de implantación realista y una memoria económica detallada”. Sin estos elementos, advierte, “la ley corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones difícilmente aplicable en la práctica”.
