Este 16 de marzo, “las Iglesias del Sur Global”, coaligadas con las de Europa, han difundido un ‘Manifiesto por nuestra Casa común’. Con el fin de “levantar una voz clara” por la justicia climática y para clamar por una transición justa más allá de los combustibles fósiles, ratifican el texto “los líderes católicos de América Latina, África, Asia, Oceanía y Europa”.
La iniciativa ha sido apoyada en un webinar en el que han participado los cardenales Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM); Fridolin Ambongo, responsable del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM); Filipe Neri, líder de la Federación de las Conferencias Episcopales Asiáticas (FABC); y Ladislav Nemet, vicepresidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE). También ha participado el arzobispo filipino Ryan Jiménez, ‘número 2’ de la Federación de Conferencias de Obispos Católicos de Oceanía (FCCBCO).
En cuanto al manifiesto, los Episcopados se muestran conscientes de vivir en un “momento crucial de la historia” en el que, como lamentó Francisco en ‘Laudate Deum’, “el mundo que nos acoge se está desmoronando y tal vez se acerque a un punto de ruptura”. Así, “los signos de los tiempos son innegables: en los últimos tres años se ha producido un calentamiento global histórico, un indicador sólido de la intensificación del calentamiento del sistema climático provocado por el ser humano”.
La gran consecuencia es que “el planeta se está acercando a umbrales críticos que comprometen la estabilidad de los ecosistemas, los sistemas socioeconómicos y las estructuras de gobernanza, lo que agrava el sufrimiento de los más vulnerables, incluso en los países del Norte Global”.
Un fenómeno que “no es solo una crisis ambiental, sino también consecuencia de patrones de producción y consumo insostenibles”, derivando, como tantas veces advirtió Jorge Mario Bergoglio, en “una economía que mata”. Desde esa visión integral de la realidad, en la que todo está interconectado, al verse golpeada la armonía natural, se genera “una crisis social, cultural y espiritual que amenaza la dignidad humana y la paz”.
En ese sentido, “la ciencia es clara: la causa principal de este colapso inminente es la quema a gran escala y continua de carbón, petróleo y gas, que representan el 86% de las emisiones de dióxido de carbono durante la década de 2010-2019”.
De ahí que, “guiados por la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación descritos en la Doctrina Social de la Iglesia, declaramos nuestro apoyo inquebrantable a una transición justa y hacemos un fuerte llamamiento a los gobiernos del mundo para que adopten un tratado que detenga la proliferación y abandone los combustibles fósiles como un imperativo moral y político”.
Dicho texto sería “un complemento necesario” del Acuerdo de París, que se firmó en la Cumbre del Clima (COP) que la capital francesa albergó en 2015 y que, una década después, sigue siendo el gran referente en cuanto a suponer, pese a “sus limitaciones inherentes”, un “marco esencial para la acción climática global”.
En definitiva, como “necesitamos un plan claro”, se reivindica que “el Tratado de Combustibles Fósiles puede ser la herramienta específica que complemente el Acuerdo de París, abordando la raíz del problema a través de tres pilares fundamentales que apoyamos plenamente”. El primero es la “no proliferación y eliminación gradual”, debiendo “cesar inmediatamente toda nueva exploración y producción de carbón, petróleo y gas”. Y es que “autorizar nuevas infraestructuras de combustibles fósiles es poco ético y nos ata a prácticas obsoletas. Se necesita un marco global vinculante para detener los nuevos proyectos y gestionar el declive y la eliminación gradual de la producción existente”.
El segundo paso es “eliminar gradualmente y de manera equitativa la producción actual en función de la responsabilidad histórica y de la capacidad de cada nación. Esto debe dar prioridad al bien común y proteger los medios de vida de las poblaciones más vulnerables”.
Finalmente, se debe “garantizar una transición justa e inclusiva hacia las energías renovables, sin dejar atrás a ningún trabajador, comunidad ni país. Para ello, es necesario apoyar la diversificación económica, el despliegue a gran escala de las energías renovables y las oportunidades de reciclaje profesional y de empleo, así como la protección social de hombres y mujeres en la nueva economía”.
Para “garantizar la rendición de cuentas, es necesario crear un Registro Global de Combustibles Fósiles de código abierto como herramienta fundamental para una transición justa y equitativa, que permita el seguimiento de la producción y las reservas, de modo que todos los integrantes del ecosistema energético rindan cuentas”.
El necesario cambio de mentalidad también pasa por reconocer que “la expansión agresiva del petróleo y el gas, la desregulación ambiental y el uso de la fuerza para asegurar recursos siguen alimentando conflictos y formas de petroimperialismo. Cuando la seguridad energética se antepone al derecho internacional, a la soberanía de los pueblos y a los compromisos con la creación, se debilita la cooperación entre naciones y se dificulta una transición justa. Superar los combustibles fósiles no es solo una exigencia ecológica: es una condición para la paz, la fraternidad, la justicia y la protección de quienes más sufren”.
La segunda parte del manifiesto llama a “abandonar la cultura del descarte”, contra la que luchó denodadamente Francisco, y que pasa por reivindicar “valores” como “la sobriedad feliz”, en la que “menos es más” (Laudato si’), y por el “buen vivir”, reduciendo “el consumo voraz de las naciones ricas para permitir que todos los habitantes del planeta tengan acceso a energía limpia y a una vida digna”. Porque “la energía debe ser un derecho, no una mercancía”.
También supone oponerse al “capitalismo verde”, pues “la transición no puede basarse en la creación de nuevas ‘zonas de sacrificio’ para la extracción de minerales críticos en el Sur Global, ni en la financiarización de la naturaleza a través de mercados de carbono que no reducen las emisiones reales”.
En clave de justicia climática, se reivindica que “los países ricos, cuya riqueza se ha construido sobre la explotación de los combustibles fósiles, tienen una deuda ecológica con el Sur Global. Por lo tanto, deben asumir un papel de liderazgo en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles”.
Una senda que también “exige procesos democráticos fuertes y participativos. No habrá justicia climática sin instituciones transparentes, Estados que cuiden el bien común y decisiones en las que las comunidades afectadas tengan voz. Debemos escuchar y proteger especialmente a los pueblos indígenas, las comunidades afro y las comunidades tradicionales, así como a las personas más empobrecidas. Cuando se recortan derechos, se debilita la protección ambiental y se criminaliza la defensa del territorio, crece la desigualdad y se impone un modelo que antepone el lucro a la dignidad humana”.
Otra cara del fenómeno en la que se ha de trabajar con fuerza es la de la “justicia financiera”, ya que “la crisis climática y la deuda son dos caras de la misma moneda que amenazan el futuro de los países pobres. Denunciamos el sistema financiero inmoral que obliga a las naciones del Sur a pagar más en concepto de servicio de la deuda de lo que reciben en financiación climática”.
Para revertirlo, urge que “los intereses y montos de la deuda del Sur Global se conviertan en inversiones concretas para una transición energética justa, con planes claros y verificables. Los Estados acreedores y los organismos multilaterales no pueden exigir pagos que comprometan los derechos fundamentales y la protección social. Cuando el servicio de la deuda impide garantizar una vida digna, se vuelve éticamente insostenible”.
En ese caminar, las propias Iglesias se comprometen “a promover una transición energética justa, a revisar nuestras propias prácticas, incluida la desinversión en combustibles fósiles, y a acompañar a las comunidades que sostienen con esperanza la resistencia y la resiliencia en sus territorios”.
Porque, como recuerda constantemente León XIV en un mundo zarandeado por la violencia y la desigualdad, los cristianos han de ser los primeros “constructores de una paz desarmada y desarmante”. Sobre todo porque no se puede olvidar que “muchas de las guerras actuales están motivadas por el control de las fuentes y de los bienes materiales para la producción de energía”. De ahí que estemos ante “una producción encaminada al desarrollo infinito de la industria de la guerra y la muerte”.
Y, frente a ello, “es urgente una profunda transformación socioeconómica y cultural que nos lleve a promover nuevos estilos de vida y de producción que nos encaminen al buen vivir y al vivir bien”. “El tiempo apremia, pero la esperanza nos moviliza. Un mundo libre de combustibles fósiles, justo y en paz, es posible y necesario”, remacha el manifiesto eclesial.
