Cáritas y otras organizaciones alertaron sobre el estancamiento de las obras que mejoran la vida en los asentamientos
En la Mesa Nacional de Barrios Populares de la que participaron Cáritas Argentina, y referentes de TECHO-Argentina y de diferentes distritos, se manifestó la preocupación por el estancamiento de la política de integración socio urbana y la reducción de presupuesto destinado a tal fin.
El panel estuvo integrado por el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO-Argentina, Fernanda García Monticelli (ex Subsecretaria de Gestión de Tierras de la SSISU) y Lila Calderón (Referente del Barrio Obrero de Cipolletti).
La política de integración surgió en el 2016, después de un relevamiento nacional de barrios populares (RENABAP), y que luego sancionada en el 2018, a través de la Ley 27453, y contó con un consenso legítimo, surgido de las mismas bases.
El beneficio de esta inversión pública se vio reflejado en más de 1200 proyectos de mejora habitacional y servicios, que impactó en más de cinco millones de personas que viven en las comunidades marginadas.
Gustavo Carrara, expresó que, ante la cultura de la voracidad y el descarte, es importante avanzar en procesos de urbanización e integración social porque urbanizar es garantizar el acceso a agua potable y electricidad.
Asimismo, relacionó la integración con el protagonismo y el rol de la comunidad: “Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”.
Durante la reflexión, los expositores explicaron que frenar esta política no es una discusión administrativa; es el incumplimiento de una ley nacional sancionada, por unanimidad, en 2018. Los datos muestran un escenario con una realidad alarmante: 700 obras frenadas y más de 11 mil mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza.
Agregaron que “en contextos de crisis económica, el deber estatal de protección de los derechos sociales debe intensificarse, no retraerse”, y comentaron que la Justicia Federal ya dictó medidas cautelares que ordenan al Estado Nacional garantizar la continuidad de la política pública y suspendió la eventual disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por lo tanto, su paralización constituye una violación a leyes vigentes y mandatos constitucionales.
Bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro”, más de 200 organizaciones, universidades nacionales, sindicatos y espacios de investigación respaldaron el reclamo para sostener una política pública que garantice tierra, techo y trabajo.