Pidieron mantener los presupuestos de protección de este recurso natural en defensa de los ecosistemas
La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina alertó a los legisladores nacionales ante la posible modificación de la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares.
Invocando la “ecología del hombre”, el organismo advirtió que la defensa de la naturaleza es inseparable de la protección del ser humano contra su propia destrucción, y subrayaron que los glaciares no son meros recursos económicos, sino reservas estratégicas de vida cuya injerencia vulneraría el derecho humano básico al agua segura, impactando en los más pobres y en las comunidades originarias muy especialmente.
Fundamentados en la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, la Iglesia sostuvo que la responsabilidad de proteger la tierra, el agua y el aire es una extensión del deber de salvaguardar la dignidad humana.
Destacaron que el acceso al agua potable es una condición previa para el ejercicio de todos los demás derechos, por lo que cualquier retroceso normativo en la protección de las zonas periglaciares representaría una amenaza directa a la integridad de la persona. “El derecho al agua está fundado en la dignidad y no en estimaciones puramente cuantitativas”, reafirmaron.
La Pastoral Social enfatizó que no existen crisis separadas —ambiental y social— sino una única y compleja crisis socioambiental que requiere una aproximación integral. En la encíclica Laudato si‘, se recuerda que el crecimiento económico no puede considerarse desarrollo si no es sostenible y respetuoso de la naturaleza.
Teniendo en cuenta que los glaciares son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico, verdaderas “catedrales de agua” que sustentan a las poblaciones, las actividades productivas y la biodiversidad de vastas regiones de nuestro país, afirmaron que la ley actual presenta como un piso ético y jurídico irrenunciable que protege el patrimonio hídrico nacional frente a intereses sectoriales de corto plazo que podrían comprometer recursos críticos e irrecuperables.
Ante el próximo debate legislativo, la Comisión exhortó a los parlamentarios a mantener y fortalecer los presupuestos mínimos de protección, priorizando la defensa de los ecosistemas por sobre los beneficios económicos inmediatos.
Asimismo, solicitaron formalmente que se escuche la voz de las comunidades locales y de la comunidad científica, actores esenciales para un discernimiento prudente y equitativo. Y apelaron al cumplimiento de compromisos internacionales (Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú), garantizando la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de los bienes naturales públicos.
Ante recientes advertencias globales sobre la “Bancarrota Hídrica” y el agotamiento de los acuíferos y suelos, la Comisión Episcopal advirtió que el planeta ha entrado en una era donde la degradación de los glaciares sin posibilidades de recuperación real. Por eso, invitaron a los legisladores a actuar como “estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares”, ejerciendo una solidaridad intergeneracional que garantice el futuro de las próximas generaciones y honre el carácter de “herencia sagrada” que poseen las fuentes de agua en nuestro territorio.
Citaron las palabras del papa León XIV en el décimo aniversario de Laudato si’: “Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él creó para beneficio de todos”.
Para concluir, sostuvieron que la nobleza de la política se demuestra al reconocer los límites que la realidad impone, orientando el poder hacia un desarrollo humano y social más sano, fecundo y verdaderamente integral.