El pasado 17 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó, por clara mayoría (358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones), dar su apoyo a una iniciativa ciudadana que pide implementar un fondo económico para garantizar el “aborto seguro y gratuito” en toda la Unión Europea (UE). En este sentido, Bruselas buscaría dar una alternativa a mujeres que quieran poner fin a la vida que gestan y que viven “en países donde su práctica es ilegal o muy difícil” por oponerse a ella las respectivas autoridades nacionales.

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En la víspera, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) publicó una declaración en el que mostraba su “profunda preocupación por el objetivo general de esta iniciativa” y, en consecuencia, llamaba a los europarlamentarios a votar en contra. Y es que, “en el debate sobre el aborto, no se necesita una mayor división ideológica, sino políticas prudentes que protejan y apoyen genuinamente a las mujeres, salvaguardando al mismo tiempo la vida humana no nacida”.

Son responsabilidad de los Estados

Más allá de la defensa de la vida del no nacido, según los prelados europeos, también es preocupante que se puedan poner en marcha mecanismos que funcionen “independientemente de los marcos jurídicos nacionales”. Así, una cosa es que se trabaje por lograr “una cobertura sanitaria universal”, y otra que se ignore a sabiendas la legislación imperante y que garantiza que la UE “respetará las responsabilidades de los Estados miembros en lo que respecta a la definición de su política sanitaria”.

De hecho, dentro de la lógica y legítima diversidad identitaria que reina en el continente, hay varias naciones que, ante la cuestión del aborto, “han adoptado diferentes marcos jurídicos que reflejan opciones éticas, culturales y sociales”.

“Un mecanismo de apoyo financiero no debe tener como objetivo o efecto socavar la legislación de orden público de los Estados miembros ni, de forma más general, las decisiones sanitarias y éticas adoptadas por los Estados miembros en el ejercicio de sus competencias en materia de salud”, se remachaba.

Malestar de Crociata

Una vez que el Parlamento Europeo aprobó la iniciativa, el arzobispo Mariano Crociata, presidente de la COMECE, compartió su malestar. En declaraciones a la agencia SIR, lamentó que se hubiera pasado por encima de “las diferentes normativas nacionales”, lo que “pone claramente de manifiesto la orientación ideológica de las instituciones europeas sobre cuestiones fundamentales de la persona y la vida humana”. Un “enfoque”, además, que “no creo que represente un apoyo real a la libertad y la responsabilidad de las mujeres”.

Con la mente puesta en “el valor innegociable y la dignidad inherente de todo ser humano”, el prelado apostó por “un debate serio y un diálogo auténtico”. Solo desde esta senda consensuada “es posible desarrollar una conciencia compartida del valor del ser humano en su integridad, desde el principio hasta el final de la vida”.