En Estados Unidos, las Hermanas de la Caridad de Leavenworth (ciudad ubicada en el estado de Kansas), se oponen a la reapertura de un centro de detención migratorio pues aseguran que la empresa CoreCivic -la cual tuvo en el pasado el manejo del lugar- cuenta con un “historial de abusos”, lo que “contradice los principios de la enseñanza social católica”.
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De acuerdo con lo informado por el National Catholic Reporter, la resistencia comunitaria en Leavenworth ha tomado fuerza tras la solicitud de CoreCivic para “reabrir su centro de detención de 1,000 camas como una instalación para migrantes“, bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El contrato, dijo, fue presentado por la empresa el 8 de diciembre y contempla un pago mensual de 4.2 millones de dólares a la compañía, que busca operar nuevamente el complejo cerrado desde 2021 por el Departamento de Justicia.
Empresa CoreCivic. Foto: National Catholic Reporter
En ese contexto, Ashley Hernandez, coordinadora de organización y políticas de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de ‘The Sisters of Charity of Leavenworth’, refirió que han encabezado la oposición con marchas, vigilias y llamados a la acción ciudadana, ya que “la defensa de la dignidad humana es central en su postura. Cuando te solidarizas con la gente que amas, es difícil no actuar”; añadió que un contrato sin licitación con una empresa con historial de abusos contradice los principios de la enseñanza social católica.
“‘Sisters of Charity’: la conciencia del pueblo”
De acuerdo con lo reportado por el National Catholic Reporter, el centro que anteriormente alojó a reclusos fue clausurado tras múltiples denuncias de negligencia, falta de personal, violencia y fallas estructurales documentadas por el Departamento de Justicia; en su momento, la jueza federal Julie A. Robinson calificó las condiciones del lugar como “un absoluto infierno”. Entre los problemas reportados se incluyen la suspensión de actividades básicas para internos y riesgos constantes para la seguridad de empleados y detenidos.
En la nota se destacó que exfuncionarios como William Rogers confirmaron estos señalamientos, relatando agresiones recurrentes debido a la escasez de personal y la incapacidad operativa del centro. La Unión Estadounidense por las libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también emitió un comunicado acusando a CoreCivic de recortar gastos esenciales, lo que derivó en violencia, falta de acceso a atención médica, restricciones de comunicación e incluso limitaciones en necesidades básicas como duchas y alimentación.
En ese contexto, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron que el trato inhumano en centros de detención migratoria es un problema extendido en Estados Unidos, con condiciones insalubres, negligencia médica y episodios de abuso.
Esto ha reforzado el rechazo local a la propuesta de reapertura, especialmente entre quienes recuerdan la gestión fallida de CoreCivic en Leavenworth. La ciudad, que ya ganó una demanda contra CoreCivic el 24 de noviembre para exigir un permiso especial de uso, continuará el proceso legal en febrero. Para activistas como Esmie Tseng, de la ACLU de Kansas, el movimiento en contra trasciende creencias y afiliaciones: “La comunidad no ha olvidado lo que hicieron pasar a esta ciudad. ‘Las Hermanas de la Caridad’ han sido una voz constante y sirven como conciencia para el resto de la comunidad”.
