La ex clarisa de Belorado, sor Paloma
Sucedió anoche, después de que la Guardia Civil registrara por la mañana el convento de Belorado y por la tarde se dispusiera a constatar si en el monasterio de Orduña encontraban pruebas de la presunta venta ilegal de arte sacro por parte de las ex monjas cismáticas. Los agentes detenían a sor Paloma, tras la detención a mediodía de sor Isabel de la Trinidad, la ex abadesa que lidera el grupo de inquilinas de los inmuebles, además de un anticuario de León.
Según ha confirmado la Guardia Civil a través de un comunicado, los tres detenidos serían “presuntos autores de delitos de apropiación indebida agravada, al recaer en bienes de patrimonio histórico y receptación”. O lo que es lo mismo, responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados. A priori, la pena es de prisión podría variar de uno a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Además, al anticuario se le atribuye un presunto delito continuado de receptación, al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia.
En cualquier caso, la investigación sigue abierta, para recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y es el Juzgado de Instrucción de Briviesca quien dirige las actuaciones.
El origen de la llamada Operación MIRUMCID estaría en la detección en el mercado especializado de antigüedades de diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio histórico del monasterio de Santa María de Bretonera, ubicado en Belorado.
La investigación de la Benemérita buscaba determinar el origen y el posible recorrido ilícito de las piezas “ante la sospecha de que pudieran haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización”.
Fue entonces cuando constataron que se vendieron varias piezas de Belorado por internet y, en concreto, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII a una tienda de antigüedades madrileña.
En este contexto, ayer por la mañana un equipo de agentes registró el monasterio de Belorado y por la tarde se trasladaron al convento de Santa Clara de Orduña, donde intervinieron diversas obras “para su puesta a disposición judicial y que se encuentran pendientes de inventariar”, tal y como reza el comunicado de la Guardia Civil. Cuando llegaron a Orduña, constataron un número significativo de obras de artes de Belorado que habían sido trasladadas sin autorización.
El portavoz de las clarisas excomulgadas, Francisco Canals, ha defendido hoy en una declaración pública que “en todos los monasterios siempre se acumulan objetos viejos”, refiriéndose así las posibles obras de arte vendidas. De hecho, describió que se trataría, entre otras piezas, de “cálices y cuchillos” que se “acumulan polvo en trasteros”.
Además, Canals defiende la legalidad de la venta, en tanto que asegura que las operaciones habrían tenido lugar entre marzo y mayo de 2023, por decisión del capítulo conventual, y antes de que se produjera el cisma que las invalidaría para hacerlo, puesto que se consideraría apropiación indebida.
Por su parte, el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, ve “incomprensible” estas detenciones y que la acusación es “absurda y disparatada”. A la par, ha detallado que las obras vendidas podrían ser bienes históricos pero no pertenecen al inventario general ni son Bienes de Interés Cultural, por lo que no se requiere autorización.
En paralelo a la Operación MIRUMCID, al menos dos ex clarisas de Belorado acudían esta mañana al juzgado de Briviesca por otra causa abierta contra ellas: una denuncia por el supuesto uso indebido de los vehículos propiedad del monasterio interpuesta por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio.
Sin embargo, a mitad de la mañana, se interrumpía esta vista, después de que el abogado de las monjas cismáticas, Florentino Aláez, frenara el proceso con un recurso argumentado “enemistad manifiesta” de la jueza contra las inquilinas de Belorado. Ante esta estrategia, la magistrada suspendió la toma de declaración.
Francisco Canals intentó restar importancia al caso, argumentando que hace un año donaron un vehículo para las víctimas de la DANA. “Lo cierto es que ellas actuaron motivadas por su generosidad”, argumenta el comunicador. “Parece que se quiere mancillar, atacar la reputación de estas monjas, todo vale para atacarlas”, subraya el portavoz sobre la acción judicial y policial, añadiendo que “se busca la pena del Telediario, atacar a unas monjas que dejaron una vida y que buscan simplemente seguir el sendero de su fe, de su vocación”. “Estamos viendo un ataque a su reputación sin precedentes”, remarca.
